En el día de ayer, mientras el gobierno anunciaba la puesta en vigencia de la ley nacional de cupo laboral trans, se dio a conocer la noticia del despido de una trabajadora y un trabajador trans, efectuados vía Whatsapp, que habían sido contratados en 2020 como personal administrativo del nuevo hospital Iturraspe de Santa Fe. En el marco de la pandemia, el hospital había abierto “nuevos puestos de trabajo” a través de una resolución ministerial. Con el retorno del personal de riesgo y la pérdida de vigencia de dicha resolución, fueron despedidos 18 trabajadores, entre ellxs Sol Narbonne y Dionisio Germanis.

El representante del personal no profesional en el consejo de la administración del hospital, Juan Budiño, quien festejó en su momento la incorporación de personas trans en el hospital, declaró no tener capacidad de incidir sobre la decisión que no fue tomada por el hospital sino por el Ministerio de Salud de la provincia a cargo de Sonia Martorana. Sin embargo, mantuvo una reunión con les dos afectades y prometió presentar una nota al ministerio en el marco de la nueva ley nacional de cupo laboral trans el próximo lunes.

Esta situación pone al desnudo la situación que vivimos las personas travesti, trans y no binaries a pesar de la existencia de la ordenanza 12.522 de cupo trans en el municipio santafesino y la ley 13.902 de cupo trans provincial, ya que la falta de implementación y financiamiento de dichas ordenanzas y leyes implica que se nos siga negando el acceso al travajo. En Santa Fe, según un censo realizado en 2018, el 90% de las personas trans no puede acceder a un trabajo, teniendo que recurrir a la prostitución como medio de subsistencia. De la misma manera, tan solo el 40% logró finalizar sus estudios secundarios. El hecho de que la cifra sea mayor a la cantidad de personas trans ocupadas da cuenta de la imposibilidad de acceder al trabajo por parte de nuestra comunidad.

Estos despidos no son un caso aislado, en mayo de este año Fundación Huésped, reconocida por su trabajo dedicado a la detección, prevención e información sobre el VIH-Sida y por contratar a personas trans, despidió trabajadores con la excusa de la “baja productividad”, entre elles a una persona trans. El Estado no solo debe garantizar el acceso sino también la permanencia en los puestos de trabajo. Esto no se puede mantener con contratos basura que no contemplan el pase a planta permanente, que permitiría la permanencia y la posibilidad de llevar adelante un proyecto de vida, cuestión negada por la situación de marginalidad y exclusión que padecemos las diversidades sexuales y de género.

Saliendo a las calles conquistamos el cupo, ahora debemos seguir con el mismo método para luchar por la implementación y financiamiento del cupo nacional y de todos los cupos vigentes a nivel provincial y municipal. ¡Basta de trabajos precarios y de planes miserables para la población travesti, trans y no binarie! Reincorporación YA de les trabajadores despedides. Vamos por travajo genuino.