LGBTI

15/11/2017

Tucumán: ¡Basta de transfobia!

Todxs a la Marcha del Orgullo el 2 de diciembre.


Este último fin de semana nuestrx compañerx Juli sufrió un claro acto de transfobia en el boliche Country Dance Club, situado en la ciudad de Lules. 


 


Juli, que llegó al boliche con su pareja y amigos, se dirigió a la fila de varones para poder ingresar. La persona de seguridad le dijo que debía realizar la fila de mujeres porque su DNI así lo indica. En la fila de mujeres le dijeron que no podía pasar porque estaba de zapatillas y el requisito para las mujeres es que tengan calzado. Pese a las explicaciones de Juli, la de su pareja y amigos –que hasta pidieron hablar con el dueño–, no pudo entrar.


 


Lo que le pasó a Juli no es un hecho aislado. Las escenas de violencia y discriminación contra las personas trans y toda el colectivo LGBTI son frecuentes. Un mes atrás, estudiantes del colegio “Pablo Apóstol” grabaron y escracharon a una docente cuando en su clase se refería a la homosexualidad como “una enfermedad que tiene cura haciendo tratamiento psicológico”. Luego de su difusión, egresados de dicha institución plantearon que ese tipo de enseñanza era una “orientación institucional”. 


 


Recientemente, la Legislatura se negó a tratar el proyecto de cupo laboral trans, devolviendo su tratamiento a comisión, con el argumento que planteaba una cuestión de privilegio al no exigir “idoneidad para ocupar los cargos en el Estado”. El legislador radical Raúl Albarracín fue el vocero de esta posición, a la que todo el oficialismo (PJ) terminó haciendo lugar con su votación. 


 


Las bases de estos discursos y prácticas discriminatorias son la profunda injerencia de la Iglesia en el Estado. En el caso de Tucumán, llega al extremo de que la enseñanza religiosa forma parte de la currícula en la escuela pública. A esto se suma que la mayoría de los colegios privadas, subsidiados por el propio Estado, son confesionales. Tucumán es la única provincia que no adhiere a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable a 14 años de su sanción y a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral por la presión del clero. Esta postración cumple una función de disciplinamiento y contención social para preservar un régimen de explotación.


 


Frente a la violencia que sufrió Juli ya realizamos una denuncia en el INADI, instancia que vamos a seguir hasta las últimas.


 


Sin embargo, para que no le pase a ningunx compañerx más tenemos que avanzar en la organización independiente del Estado y sus instituciones. 


 


Copemos la Marcha del Orgullo este 2 de diciembre para denunciar la discriminación, ajuste y represión de Macri y los gobernadores y pongamos en pie un plan de lucha por nuestras reivindicaciones.