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12 de mayo de 2005 | #899

En la provincia sojera de Reutemann y Binner

Asesinatos premeditados

La terrible masacre perpetrada en el penal de Coronda es un salto muy grande en el proceso general de descomposición del sistema carcelario argentino. El tema es infinitamente más grave que los hechos ocurridos en el penal de Córdoba. Los asesinatos de Coronda ya no obedecen a los tradicionales motines por malos tratos, ni a intentos de evasión, y tampoco parecen obedecer a simples ajustes de cuentas entre presos rosarinos y santafesinos.
 
Se trató esta vez de una serie de asesinatos a sangre fría, sin permitir siquiera enfrentamientos, planificada con evidente antelación, y con la anuencia de un sector del Servicio Penitenciario, que “actuó” dejando una zona liberada.
 
No existe petitorio ni reclamo alguno a las autoridades del penal de parte de los amotinados en el pabellón 7, autores “físicos” de la toma de rehenes y de las muertes. Por el contario, los que sí hicieron reclamos y tenían denuncias establecidas contra los guardiacárceles, y eran delegados de pabellones o testigos de asesinatos de denunciantes al Servicio Penitenciario, ¡están muertos!
 
La serie de testimonios que adjudican la responsabilidad “intelectual” al Servicio Penitenciario en todos los asesinatos es abrumadora. Los guardiacárceles hicieron encerrar en sus pabellones, con la amenaza de reprimirlos, solamente a los presos del 1º y el 11º, precisamente adonde concurrieron una hora más tarde los asesinos. Hay un testimonio escrito de un viejo preso que relata lo siguiente: “A las 21 se hizo la noche y no por oscuridad, desde la ventanilla que tenemos en cada puerta vimos que un jefe de alto rango y varios empleados abrían la puerta enrejada por la que se accede al patio del pabellón. Por ahí empezaron a ingresar encapuchados con remeras, cuelleras y pasamontañas, la mayoría esgrimiendo palos con una chuza en la punta que quedaba en forma de lanza y acá le dicen arpones. Otros esgrimían armas cortas, no pude precisar si eran 22 o 7,65 pero sí eran calibres chicos” (...) ”Estábamos todos encerrados, así que lo único que se sentía era el abrir de una puerta y luego gritos desgarradores. 'No me maten, por favor'. Hoy sé que los gritos eran de Cristian Heredia. El estaba esperando la libertad esta semana” (La Capital, 19/4).
 
Otro testimonio esclarecedor lo da Nélida Gómez, que da cuenta del trasfondo terrible de la descomposición en las cárceles. Nélida es la mamá de Carlos Cartelle, un preso asesinado hace dos años, después de denunciar el tráfico de estupefacientes en el penal, organizado por los (en ese entonces) alcaides Miranda y Monti, y por los oficiales Strebur, Romero y Almada.
 
Del crimen de Cartelle fueron testigos tres presos; uno de ellos fue asesinado en noviembre y los otros dos, Juan Ortigoza y Ramón Valenzuela, fueron asesinados ahora, en el pabellón 11. Para más datos, el alcaide Monti, denunciado por Cartelle, es nada menos que el mismo Monti, que aún con esta causa pendiente fue nombrado nada menos que director del penal de Coronda después de la masacre. La madre de Cartelle dice, con razón, que el nombramiento de Monti “es como poner al lobo en el gallinero” (El Ciudadano, 19/4). Es entonces ampliamente justificada la movilización de familiares que están pidiendo aterrorizados el traslado de 46 presos que han sido señalados como futuras víctimas.
 
Uno de los testigos clave en esta historia es Luciano Urquiza, que está gravemente herido en el Hospital Cullen; Panuzzi, su compañero, acaba de fallecer con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Urquiza tiene una denuncia formulada contra los guardiacárceles que le quebraron un brazo en una feroz paliza y los familiares temen que lo maten en el propio hospital. ”Tenemos más miedo de los guardiacárceles que de los propios presos.” Peor suerte aún corrió Fabián Ezequiel Rentera, muerto también en el pabellón 11 de 30 puñaladas. “Fabián había denunciado a dos guardias que le habían cortado el dedo una madrugada que se resistió a que lo sacaran y lo bañaran con agua fría”, aseguraron sus padres (La Capital, 19/4).
 
La CTC (Coordinadora de Trabajo Carcelario) impugna, en un largo comunicado, todas las tesis oficiales, descreyendo hasta de la veracidad de la toma de rehenes, y las aparecidas en el diario Clarín de que una horda de presos drogados arrasó los pabellones sedienta de venganza. “Si los internos que supuestamente se amotinaron estaban tan drogados que impedían toda negociación (según los negociadores oficiales), cómo fue posible la selectividad con la que se eligió a las víctimas, muchos de ellos delegados o testigos en causas donde se investiga la muerte de internos que denunciaron tráfico de drogas” (El Consultor Web de Santa Fe, 18/4).
 
Una feroz interna en el propio Servicio Penitenciario ha terminado en masacre. El director Fernando Rosua encarnaba una línea de cierto diálogo con los delegados de los pabellones, muchos de ellos asesinados; había bajado el nivel de vejaciones a los familiares de los presos en el ingreso al penal, y hasta realizó declaraciones públicas contra la Ley Blumberg, que impide el sistema de salidas de los presos con buena conducta en la finalización de sus condenas y restringe en general toda libertad por buena conducta hasta el cumplimiento efectivo de la condena dictada.
 
La nueva situación ha dejado a Rosua al borde de la renuncia: o se adapta a la línea de hacer de Coronda un feudo de los traficantes de droga, o se va. El nombramiento del nuevo director del penal, que es prácticamente de la banda de los asesinos del pabellón 7, habla de los límites del progresismo de Rosua, por lo que no sería aventurado señalar que se avecinan terribles crisis en el seno del penal.
 
El gobierno de Obeid, igual que lo hizo De la Sota en Córdoba, se mostró “extrañado” ante la masacre, señalando que no existía ni siquiera un petitorio formal de reivindicaciones, repitiendo esta suerte de amnesia post Cromañón que afecta a todos los gobernantes responsables de las muertes de centenares de personas.
 
Es necesaria la inmediata separación de sus cargos de todos los guardiacárceles del penal como corresponsables de estos asesinatos en masa. El inmediato traslado de los 46 presos señalados como posibles víctimas, la destitución del actual director del penal y la formación de una comisión investigadora independiente para el esclarecimiento de los crímenes y el juicio y castigo a los culpables.

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