En pleno enero, y en medio de una temperatura sofocante que orillaba los 40 grados de sensación térmica, una enorme movilización de más de 20 mil personas instaló en Plaza de Mayo el reclamo de libertad para César Arakaki, Dimas Ponce y todos los presos tras las manifestaciones de diciembre contra la reforma previsional. Asimismo, la marcha repudió el otorgamiento de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz y otros genocidas. Hubo movilizaciones y actividades también en Córdoba, Rosario, Bariloche, Mendoza y otros numerosos puntos del país.



La cabecera de la manifestación, organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, incluyó referentes de organizaciones políticas, obreras y de derechos humanos, como Nora Cortiñas, Néstor Pitrola, Marcelo Ramal, María del Carmen Verdú (Correpi) y Nicolás Del Caño. También participó Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) y abogada de Arakaki y Ponce, los militantes del PO detenidos. Entre las organizaciones obreras presentes se encontraban, entre otros, AGD-UBA, el Sutna, el Sitraic, el Sipreba y los Suteba combativos.



“Las acusaciones de que Arakaki y Ponce habrían sido autores de una lesión a un policía [durante la manifestación del 18 de diciembre] y de que Romero [militante del PSTU] habría sido pieza clave de un supuesto plan de rebelión, un delito gravísimo, no son contrastadas con ninguna prueba y toda la causa es un intento de transformar una enorme manifestación popular en un delito penal”, denunció el documento leído al término de la manifestación. Además de Arakaki y Ponce, se encuentran detenidos cinco compañeros por la movilización del 14.



El documento advirtió también sobre la “escalada represiva” del gobierno en los últimos meses, en los que se produjo la muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel en Lago Mascardi, así como también las represiones de las jornadas del 14 y 18 de diciembre y de sus vísperas. A esto se añade la represión a cargo de los gobernadores, como la que sufrieron los obreros jujeños del ingenio La Esperanza y los wichís en Formosa. Por medio de este accionar, el gobierno de Macri y sus socios -explicó el documento- “intentan instalar un virtual estado de excepción para imponer un durísimo ajuste contra los trabajadores y el pueblo”.



“Arakaki lleva casi dos semanas en la prisión de Marcos Paz, Ponce fue detenido en estos días, en un juicio absurdo, que desde el punto de vista de la lógica de los propios jueces no tiene ningún asidero. Estamos ante un juicio político y ante presos políticos”, destacó Marcelo Ramal. “El objetivo -dijo- es establecer una especie de amenaza o advertencia frente a los nuevos ataques que se vienen ahora, como la reforma laboral y educativa”.



La contracara de la represión contra los trabajadores es la impunidad de los represores. A la prisión domiciliaria de Etchecolatz y otros genocidas, que el documento califica como un “indulto encubierto”, se agrega el ascenso del gendarme Emmanuel Echazú, uno de los responsables del operativo que culminó con la vida de Santiago Maldonado.

Presencia obrera



El documento de Memoria, Verdad y Justicia enuncia alguna de las expresiones de resistencia de la clase obrera contra las políticas de ajuste: el acampe de los trabajadores de Fanazul contra los despidos; la resistencia por parte de los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y otros trabajadores estatales contra las cesantías; el conflicto de los municipales de Quilmes; y las luchas en las fábricas Cresta Roja, Stockl y Envases del Plata.