Después de largos meses de silencio, el gobierno tuvo que abrir la boca. El actual ministro de justicia de Scioli, Ricardo Casal, recorrió los medios reconociendo que “la causa sigue viva gracias a la insistencia del juez Corazza y de los familiares”.

¿Causa viva? Néstor Kirchner y León Arslanián (presidente y ministro de seguridad bonaerense al momento de su desaparición), dieron una vez más a Julio López por muerto, sin ofrecer ningún elemento para justificarlo. Corazza acuerda con esa posibilidad mientras mantiene las investigaciones en un punto muerto.

¿Insistencia? El juez Corazza es denunciado por los organismos de derechos humanos por ocultar decenas de cuerpos del expediente de donde surgirían pistas que no son investigadas. Incluso el represor de la Policía de Seguridad Aeronáutica y coordinador del “Programa Verdad y Justicia”, Marcelo Saín, denuncia la obstrucción de la Justicia y de la policía de la provincia de Buenos Aires. Según Saín, “el aparato represivo no fue desmantelado”, los secuestradores de López “son grupos operativos con redes de complicidad” y con “fuertes vínculos con el Partido Justicialista y con el poder judicial bonaerenses” (Página/12, 18/9). Todo esto ya ha sido denunciado una y mil veces por los compañeros de Julio López.

A pesar de que todo esto es archisabido, el abogado de la familia de Julio López, Alfredo Gascón, ha pedido que la causa dé un viraje… para pasar a investigar a los organismos de derechos humanos. “Estamos tratando de averiguar qué actividades lo pudieran haber llevado a una situación de riesgo”, citando a declarar a algunas integrantes de los organismos para saber quiénes lo convencieron de declarar contra Etchecolatz (Página/12, 12/9). Con la nueva consigna de “investigar a los que podrían haber evitado que López desapareciera”, se pretende acusar a los organismos por no hacer nada “por cuidarlo”. Mientras tanto, el gobierno nacional y provincial mantiene en las fuerzas de seguridad a los torturadores y 9.000 efectivos de la policía bonaerense de la dictadura siguen en actividad. La misma Bonaerense que Gascón quiere mantener a cargo del caso.

Movilizaciones

Dos grandes marchas recorrieron las ciudades de La Plata y Buenos Aires, y en todas las ciudades y pueblos importantes del país se realizaron actos y actividades. La exigencia al gobierno responsable por la aparición con vida del compañero y por la impunidad y el encubrimiento que rodean su ausencia, dominaron la jornada y fueron las consignas que encabezaron las movilizaciones más numerosas. Además, se repudiaron las provocaciones del gobierno contra las organizaciones populares y la represión a las luchas obreras.

En los documentos leídos fueron denunciados la Bonaerense y los camaristas a cargo del caso, vinculados al aparato represivo; el fracaso de Arslanián/Scioli y su pacto de convivencia con la mafia policial; las limitaciones insalvables de los procesos a los genocidas; la sistemática represión judicial, policial y parapolicial desatada por el gobierno nacional contra los luchadores; la existencia de más de 40 presos políticos.

A dos años de la desaparición de Julio López, la lucha sigue vigente.