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6 de junio de 2013 | #1271

Llevan a juicio a petroleros y vecinos de Las Heras

Un proceso fraudulento y basado en el terror

Este mes se iniciará el juicio oral por la muerte del oficial de policía Jorge Sayago, ocurrido en Las Heras en febrero de 2006. La muerte de Sayago se produjo en el marco de la represión contra una pueblada en esa ciudad, que reclamaba la liberación del dirigente petrolero Mario Navarro.

La pueblada tuvo como telón de fondo el paro que llevaban adelante los petroleros por la eliminación del impuesto a las ganancias, y al que se habían sumado 250 tercerizados de la empresa Indus.

Para quebrar la lucha, el gobierno provincial, en ese entonces a cargo de Sergio Acevedo, mandó detener a Navarro, vocero del cuerpo de delegados, cuando salía de una radio. Esa misma noche, una multitud se concentró y apedreó la comisaría donde estaba el detenido. El gobierno envió refuerzos y el grupo Geop entró en escena, reprimiendo fuertemente la manifestación. La multitud se abalanzó sobre los uniformados y varios policías fueron lesionados, con golpes de todo tipo. También se escucharon múltiples disparos, y Sayago resultó muerto.

Tanto Acevedo como el gobierno nacional, por medio de Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, acusaron al Partido Obrero. Mientras tanto, los investigadores dejaron el lugar de los acontecimientos sin perimetrar, permitiendo que se alteraran las evidencias, probablemente para ocultar la utilización de postas de plomo por parte de los policías (ello fue denunciado por los vecinos).

Las Heras fue militarizada para terminar con la huelga y los reclamos. Comenzó una cacería de brujas contra los trabajadores, que constituirá la base de la instrucción penal de este juicio.

Se realizaron numerosos allanamientos en el pueblo. Diecisiete trabajadores de Indus, que habían logrado pasar al convenio petrolero como resultado de esta lucha, fueron detenidos y acusados del crimen.

A esas detenciones se sumaron otras, de diversos vecinos. Las pruebas contra ellos sólo fueron testimoniales, y por declaraciones obtenidas en base a apremios y terror. A muchos testigos les había allanado su vivienda antes de declarar.

El cura párroco de Las Heras, Luis Bicego, cuestionó las detenciones y advirtió que formaban parte de una "caza de brujas". Inmediatamente, abrió las puertas de la Iglesia, donde se refugiaron más de 200 pobladores temerosos de ser vinculados con el hecho. Esa situación se prolongó durante semanas.

Finalmente, once trabajadores de Indus fueron sobreseídos y se los desvinculó de la causa. Quedaron procesados y detenidos Darío Víctor Catrihuala, Juan Pablo Bilbao, Ramón Inocencio Cortéz, Alexis Pérez, José Rosales y Humberto Hugo González, acusados de "coacción agravada en concurso real con homicidio calificado".

También quedaron detenidos los trabajadores de Indus Néstor Enrique Aguilar, Daniel Eduardo Aguilar, Rubén Leopoldo Bach, Carlos y Pablo Mansilla, quienes fueron liberados, aunque siguieron acusados de coacción agravada. Posteriormente se detuvo a un menor, involucrándolo en los hechos. Los detenidos permanecieron cerca de tres años privados de su libertad.

Sin garantías constitucionales El juicio que se iniciará el 17 de junio pretende legalizar una investigación plagada de apremios, ilegalidades y nulidades, y por otro lado "cerrar" la cuestión Sayago cargándole su muerte a alguno de los trabajadores imputados.

Sólo se han previsto cuatro semanas para la realización del juicio. A pesar de figurar más de 190 testigos, se pretende la incorporación "por lectura" de sus testimonios, lo que permitiría que no fuera cuestionada la versión de los hechos por parte de la acusación fiscal. Se trata de un planteo escandalosamente ilegal. El fiscal de Cámara se ha separado de la causa después de plantear la nulidad del requerimiento por impreciso e infundado. Sólo la publicidad de este fraude y la movilización popular podrá dejar al desnudo el carácter ilegal del proceso, y transformar el juicio en una tribuna de denuncia del régimen de terror, apremios y torturas que constituyen la base de la acusación contra los imputados.

La condena de cualquiera de los acusados en este juicio constituiría un pésimo antecedente para los cientos de procesados por protestas sociales en la provincia de Santa Cruz (al que se han sumado 52 maestros de Las Heras en el último mes). Queda planteada una gran campaña nacional por la absolución de los acusados en este juicio. En el marco de la misma se ha llamado a realizar una multitudinaria movilización el 17 de junio ante la casa de Santa Cruz.

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