Los luchadores de Villa Gesell dieron este 24 de marzo un importante paso adelante, formando un reagrupamiento independiente inspirado en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Es un activismo que ha recorrido distintas instancias de lucha en los últimos años en cada una de las fechas significativas del movimiento por los derechos humanos, peleando por incluir en los documentos de convocatoria a movilizaciones las denuncias a todos los atropellos represivos de los sucesivos gobiernos, sea cual sea su color político. Representa además un canal de organización contra los numerosos abusos policiales que se suceden en nuestra localidad.

En este particular aniversario del golpe genocida, marcado por el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, propusimos al naciente EMVyJ concentrarse en el rechazo a la militarización de las calles y al virtual estado de sitio, reclamando que en lugar de reforzar represivo el Estado debería garantizar condiciones de salubridad a toda la población y atender la crisis social que se agravará con esta crisis.

Sin ir más lejos, este 24 de marzo se contabilizaron en la localidad 21 detenciones por supuesto incumplimiento de la cuarentena, cuando muchos trabajadores carecen de licencias para poder quedarse en sus hogares. Mientras tanto, contrastando con esta persecución, en Villa Gesell solo contamos con un hospital municipal que dispone apenas de 40 camas de internación para 40.000 habitantes, que ya insuficiente ante de la actual crisis sanitaria.

Pero más allá de las reivindicaciones, tanto históricas como particulares, de esta fecha emblemática, sobran motivos para conformar un espacio independiente para luchar en defensa de los derechos humanos.

En Villa Gesell se vulneran los derechos de las familias trabajadoras todos los días. Un ejemplo de ello es la precaria situación laboral de gran parte de la población, condenada a trabajar dos meses al año en jornadas que llegan hasta las 16 horas, en su mayoría sin francos, refrigerios ni viáticos, en negro y a destajo. Al concluir la temporada los trabajadores son obligados entregar el telegrama de renuncia. Esto lleva a que la desocupación y la precarización laboral afecte al 40% de la población –según el propio intendente Gustavo Barrera.

Este año, en plena temporada, el asesinato de Fernando Báez Sosa conmovió a todo el país. Las responsabilidades superan al grupo de hijos del poder que cometió el crimen, sino que existe todo un tejido detrás del negocio de la noche que involucra a bolicheros, funcionarios locales y provinciales, y a la policía que hace la vista gorda ante la violación de los límites de personas permitidas (Le Brique sextuplicaba la capacidad), el ingreso de menores de edad y la venta de drogas.

Una muestra de la complicidad estatal en estas oscuras tramas de negocios es el nombramiento, en mayo del año pasado, de Mauricio Andersen como secretario de Seguridad municipal. Este comisario inspector de la Policía Bonaerense carga con un pedido de juicio oral en su contra por incumplimiento de sus deberes por no promover la persecución de delitos, debido a sus vínculos con una banda que realizaba robos en General Belgrano. Su antecesor en el cargo con la intendencia del Frente para la Victoria, Juan Manuel Cadena, fue quien hizo pasar la noche en la comisaría y abrió causas penales a militantes y simpatizantes del Partido Obrero y el Frente de Izquierda por realizar pintadas contra la reforma laboral, en diciembre del 2017.

Todo esto sucede mientras los crímenes se suceden con total impunidad. Hace diez años que desapareció Agostina Sorich, y quienes digitaban la investigación –Comisaría Primera, Fiscalía de Villa Gesell y la Fiscalía de Pinamar- tienen la causa paralizada. Los casos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, según tomó estado público en los últimos años, involucran a altas jerarquías de la Policía de nuestra localidad.

En diciembre del año pasado salió a la luz la denuncia de familiares y allegados de una persona que falleció en la Comisaría Segunda de nuestra localidad, quienes rechazan la versión oficial de que se habría suicidado, cuestionan el proceder de las pericias y exigien el esclarecimiento del caso.

Hoy, ante el despliegue de las Fuerzas Armadas para intervenir ante posibles conflictos sociales que se generen por la crisis, la puesta en pie del EMVyJ es una tarea fundamental para luchar contra la impunidad de ayer y de hoy, desde un campo de independencia política del movimiento de derechos humanos.