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30 de marzo de 2017

Schiaretti parió su propio servicio de espionaje y represión

Abajo la nueva ley de seguridad.
Mientras en la legislatura de Córdoba se discutía una nueva ley de seguridad que el oficialismo presentaba como un cambio en los “paradigmas para pasar de una política de represión a una de prevención”, en la Casa de Gobierno el ministro del área anunciaba la creación de una “división antiterrorista” de la policía provincial cuyas funciones serán las de “mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la provincia” y “luchar contra el terrorismo y las conductas discriminatorias”.
 
Esta división fue creada en sigilo, a pesar que el ministro de gobierno había estado en los primeros días de febrero presentando el proyecto de una nueva ley de seguridad. En la conferencia de prensa se supo que ya hay efectivos seleccionados, los cuales se están capacitando con integrantes de “la policía federal, Interpol y la división explosivos” en una mezquita donde aprenden idiomas (¿?). El sigilo y el ocultamiento son parte de la creación de un aparato de espionaje sobre el conjunto de la población ya que para la misión del nuevo cuerpo “se abordarán y conocerán todas las problemáticas y necesidades que tiene las distintos comunidades que habitan en nuestra provincia”.
 
En el medio de desembolsar fuertes recursos para conmemorar el “día de la memoria”, abrazarse con Abuelas, HIJOS y las organizaciones K de derechos humanos (quienes lo acompañan en toda esta puesta en escena) e incluso propagandizando todo ello con costosa campaña publicitaria, Schiaretti está armando un aparato represivo de vasto alcance.
 
El “paradigma de la prevención” consiste en la extensión de una vasta red de espionaje sobre las organizaciones populares, sindicales y de izquierda y en la saturación de las calles con presencia policial. Esta pretensión se plasmó el pasado 23 de marzo cuando militarizó la ciudad, estableciendo una suerte de estado de sitio, ya que desplegó 48 retenes policiales en los inmediaciones y puentes de acceso al centro, que al mejor estilo de la dictadura revisaba baúles de autos para saber si llevaban elementos que “sirvieran para una manifestación”.
 
El “paradigma” represivo de Schiaretti se conecta con la “doctrina de seguridad democrática” de los K, Nilda Garré y Verbitsky, con el que reequipó a la infantería policial con todo tipo de elementos de represión “no letales” contra las manifestaciones, parió el Proyecto X y dispuso del desembarco masivo de Gendarmería en el conurbano bonaerense al mando de Berni.
 
Es inocultable la pretensión del gobierno de Schiaretti de establecer una represión sobre las luchas que emergen como consecuencia de la crisis que agobia a los cordobeses. Según el Indec el 40,5% de los habitantes del Gran Córdoba (aproximadamente 750.000) son pobres y el 10,8% indigentes, en unos de los principales centros industriales del país.
 
La nueva ley de seguridad plantea la creación de cuadrantes monitoreados por la policía con la creación de “Consejos Barriales de Prevención y Convivencia” con los cuales se busca colocar una red de punteros que botoneen a los vecinos, una suerte de “manzaneras” pero que no reparten alimentos sino que espían y buchonean. El otorgamiento de mayores poderes a la policía redundará en un recrudecimiento del delito.
 
Desde el Frente de Izquierda hemos convocado a una reunión este viernes 1°, a las 16, en la Facultad de Derecho a los fines de concertar las acciones y la campaña contra la división creada y por la defensa del derecho a luchar.

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