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5 de mayo de 2017

La doctrina del 2x1

Por Jacyn
El fallo de la Corte Suprema que aplica el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña sienta un antecedente gravísimo. Podría extenderse a Alfredo Astíz y al “Tigre” Acosta, entre los genocidas más conocidos y que actualmente cumplen prisión efectiva.
 
Sin embargo, el pronunciamiento no debería sorprender como un rayo en cielo sereno. Los kirchneristas que ahora se llenan la boca hablando de un “cambio de doctrina” no pueden ignorar que venía siendo anunciado desde hace tiempo. Por lo menos, desde el nombramiento del represor César Milani al frente del Ejército, al cual el discurso oficial consideraba excepcionalmente “inocente hasta que se pruebe lo contrario”.
 
En febrero de 2015, durante los últimos meses del gobierno de CFK, los cortesanos declararon prescriptos los crímenes cometidos por los oficiales contra soldados y conscriptos durante la guerra de Malvinas, donde fueron denunciados más de 120 hechos aberrantes, incluidos asesinatos, torturas, estaqueamientos y violaciones. El fallo llevaba la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y José Luis Maqueda.
 
Luego, con el recambio de gobierno, se sucedieron nuevos pronunciamientos, todos ellos con la firma de Lorenzetti, el mismo autor de la doctrina de “política de Estado” con respecto al juzgamiento de los crímenes de la dictadura.
 
 
El primero fue el que definió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no debía ser considerada una cuarta instancia de apelación capaz de revocar fallos de la Corte Suprema local. Si bien sentó precedente en el caso Menem vs. Noticias, no hay que olvidar que la CIDH también dictó el fallo Simón, donde declaró la inconstitucionalidad de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 
 
Luego siguió la sentencia de la Corte Suprema en el caso Alespeiti, el genocida al que se le concedió el arresto domiciliario por tener más de 75 años, sentando jurisprudencia al respecto. Vale agregar, además, que el gobierno de Macri resolvió dejar de apelar el otorgamiento de este beneficio a los genocidas por parte de los tribunales inferiores.
 
Por último, la Corte produjo la sentencia del caso Villamil, en que ratificó la prescripción de acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa humanidad. El trato privilegiado que reciben los genocidas es patente: a pesar de tratarse de crímenes imprescriptibles –y, por lo tanto, permanentes– las víctimas no pueden ya reclamar un resarcimiento; los militares, en cambio, precisamente por ser autores de crímenes permanentes, ven reducidas sus condenas por la aplicación de la ley más benigna que haya estado vigente en el lapso de más de tres décadas que separan sus crímenes de su condena judicial.
 
 
El gobierno ha jugado la nueva mayoría que construyó en la Corte con la colaboración de los senadores del PJ-FpV, que aprobaron los pliegos de Rossatti y Rosenkrantz. Una mención aparte merece la jueza Highton de Nolasco, que en 2009 votó en contra de que se aplicara el 2x1 al partero de la Esma, Jorge Magnacco, y ahora dio un giro drástico, después de que el gobierno decidiera no apelar su jubilación de la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, como marca la ley.
 
Desde que se reabrieron los juicios, en 2006, estos se desarrollan a cuentagotas. A modo de ejemplo, el tercer juicio por crímenes cometidos en la Esma se desarrolla desde hace cuatro años y actualmente mantiene un ritmo de dos audiencias por semana de apenas tres horas de duración.
 
Desde la tentativa de “autoamnistía” de los militares, la promesa de amnistía de Luder, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, los indultos de Menem, la designación de Milani y este fallo existe un hilo conductor.
 
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia se movilizará el próximo jueves 11 a Plaza de Mayo contra la represión y la impunidad. Seamos miles.
 
 
 
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