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11 de mayo de 2017

Comienza el juicio a dos represores de la CNU La Plata

Pomares y Castillo, integrantes de la banda de la derecha peronista, serán juzgados por 7 asesinatos cometidos entre 1974 y 1976.
Por Pía Garralda Apel La Plata
El lunes 15 de mayo, en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, comenzará el juicio por delitos de lesa humanidad a Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares, integrantes de la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria), una organización paraestatal de la derecha peronista que operó en la capital provincial entre 1974 y 1976.
 
Se tratarán solamente los casos de 7 víctimas en 3 hechos –cuyas víctimas fueron trabajadores, delegados gremiales y militantes del peronismo de izquierda– de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra ciudad durante esos años.
 
Desde la querella colectiva Justicia Ya! La Plata –de la cual forma parte la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)– venimos denunciando desde el 2006, cuando comenzó el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, que este tipo de juicios fragmentados y demorados son funcionales a la impunidad y al objetivo de reconciliación y negación del genocidio.
 
Antes del ‘76
 
La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables.
 
Si con la intervención de las organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado hemos podido hacer que la justicia reconozca el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un genocidio –es decir, la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen–, mucho falta por avanzar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe.
 
La causa
 
Castillo y Pomares operaron como jefes de la CNU La Plata antes de la dictadura, reportando directamente al gobernador peronista Victorio Calabró, y siguieron actuando al mando de los grupos de tareas luego del golpe.
 
Pomares se recicló en democracia como asesor del bloque del FpV en el senado provincial y en cargos municipales en las gestiones de Julio Alak y Pablo Bruera. Por su parte, Castillo tuvo varias entradas y salidas de prisión en los ‘80 en causas por robo y tenencia de armas, se vinculó a los mandos carapintadas y trabajó para el Modin de Aldo Rico.
 
Los acusados fueron procesados en 2011 y recién en marzo de 2015 se elevó la causa a juicio, imputando a Carlos “Indio” Castillo por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los tres hechos principales, y a Juan José “Pipi” Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos. En 2012, ante graves amenazas a uno de los sobrevivientes, la Cámara Federal resolvió que todos los testigos/sobrevivientes tuvieran identidad reservada.
 
En junio del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal decidió anular la sentencia de 2013 sobre la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en Catamarca en agosto de 1974. El fallo absolvió a tres condenados y puso en duda que durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón pudieran haberse cometido crímenes de lesa humanidad.  Sin embargo, en el juicio a parte de la CNU de Mar del Plata se reconocieron los delitos de este tipo –pero con condenas menores, tres de ellas en suspenso.
 
El cuadro
 
Este juicio se desarrolla en un contexto caracterizado por el intento de “reconciliación” con los genocidas, que comenzó con la designación de Milani en el Ejército durante el gobierno anterior y continuó con éste, de la mano de la Iglesia Católica, llegando al otorgamiento de beneficios procesales como las prisiones domiciliarias y a la reducción de la pena mediante el 2x1.
 
En este cuadro, planteamos una intensa movilización para el 15. A las 9 a.m. tendrá lugar la radio abierta convocada por Justicia Ya!, una hora antes del comienzo del juicio en los tribunales de calle 8, entre 50 y 51. Las audiencias van a ser los lunes y miércoles.
 
¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas!
 
 

 

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