fbnoscript
1 de agosto de 2018

La desaparición y muerte de Santiago Maldonado es un crimen de Estado

El 1° de agosto de 2017 en una violenta e ilegal represión a la Comunidad Mapuche de la Pu Lof Cushamen en la Provincia del Chubut, encargada a Gendarmería Nacional, desapareció Santiago Maldonado. Participaba del corte de la ruta 40 que reclamaba la libertad de Facundo Jones Huala, líder mapuche que encabeza las recuperaciones de tierra, preso por segunda vez –tras una primera declaración de nulidad de su caso– el mismo día que se reunían Mauricio Macri con la presidenta chilena, Michelle Bachelet. Contra Facundo Jones Huala persiste un pedido de extradición de la justicia chilena. Actualmente se encuentra detenido en un domicilio familiar.

El 31 de julio, Gendarmería nacional desplegó un operativo de un centenar de efectivos, que avanzaron contra el grupo de manifestantes. Las fuerzas represivas llegaron al corte con la decisión de “quemar sus casas” y “romperles todo”, como se aprecia en el video que ellos mismos filmaron camino al corte, hecho público algunos meses atrás. Sacaron del camino a los manifestantes e ingresaron con una camioneta, a los tiros y piedrazos, al predio, excediendo la manda judicial que se limitaba a desalojar la ruta. Esa fue la última vez que se lo vio con vida a Santiago. Su cuerpo fue hallado 78 días después flotando en las aguas del río Chubut. 

El operativo represivo del 1° de agosto se realizó bajo las directivas del gobierno nacional y en connivencia con los gobernadores de la Patagonia. Respondía a un problema estratégico para el gobierno argentino y el chileno: combatir la llamada "problemática mapuche", que afecta a la “seguridad jurídica”  de los pulpos mineros, petroleros y gasíferos que explotan la zona de ambos lados de la cordillera.

Dos días antes del corte en la Ruta 40, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, se reunió con los jefes de las fuerzas de seguridad de Neuquén, Rio Negro y Chubut. El mismo día que desapareció Santiago, declaró ante radios de la zona que en esa reunión coordinaron la estrategia represiva frente a las protestas mapuches en tres provincias.

Por ello, la investigación por las responsabilidades de su desaparición y muerte sufrió manipulaciones políticas y judiciales por parte del gobierno y en particular del Ministerio de Seguridad, impulsadas para encubrir el accionar de Gendarmería nacional y de los funcionarios gubernamentales. El gobierno puso al frente a Patricia Bullrich, que asumió la defensa personal e irrestricta de la fuerza de seguridad, y desorientó la investigación mediante hipótesis “alternativas” e investigó ilegalmente a la familia de Santiago Maldonado y sus abogados en lugar de a la fuerza de seguridad que había intervenido y a sus mandantes políticos. Se utilizaron los recursos del Estado para desviar la investigación e impulsar “contra-teorías”, ampliamente difundidas por los medios oficialistas, donde se responsabilizaba y criminalizaba a las víctimas y se hostigaba a su familia. Postularon que Santiago Maldonado pertenecía a un grupo terrorista llamado RAM, que no había estado en el corte de la ruta 40, que había sido visto en Ushuaia, en San Luis, en Entre Ríos y en Chile. No eran delirios o errores inocentes: se trataba de una línea oficial para encubrir un crimen de Estado. Así lo demostró Elisa Carrió, cuando, habiendo pasado dos meses de que Santiago había desaparecido, sostuvo durante una polémica con Marcelo Ramal que había "un 20% de posibilidades que Santiago Maldonado estuviera en Chile con la 'RIM' ". Días después su cuerpo aparecía sin vida en el rio Chubut.

En la trama judicial, el primer juez interviniente, Guido Otranto, participó directamente del encubrimiento de la Gendarmería siguiendo el mandato de Patricia Bullrich y actuando en tándem con el ministerio que la ex funcionaria de la Alianza conduce. El posterior relevo de Otranto a manos del juez Gustavo Lleral, en medio de fuertes movilizaciones populares que reclaman por Santiago Maldonado y cuestionaban el accionar político y judicial, no representó avances significativos en la causa. A un año de la desaparición de Santiago, no existe ninguna imputación, las medidas de prueba reclamadas por los querellantes son rechazadas o bien practicadas con extrema laxitud. La querella de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos solicitó el secuestro de los teléfonos de Pablo Noceti, fotografiado en la ruta 40 el 1° de agosto, pero no se realizaron cruces de llamadas de esos teléfonos ni se le pidió formalmente que informe los motivos por los cuales se encontraba en el lugar de los hechos.

Cuando la autopsia aún no había concluido, el juez Lleral se precipitó a anunciar ante los medios que el cuerpo no presentaba signos de violencia, con el objetivo de rescatar al oficialismo de una crisis política brutal, apenas 48 horas antes de las elecciones legislativas de 2017.  

Nuevas maniobras e impunidad

Tras la aparición del cuerpo, el gobierno pretende cerrar el caso bajo la pretensión de que Santiago Maldonado simplemente “se ahogó”, para evadir sus propias responsabilidades políticas y materiales. La fiscal Silvina Ávila pidió dos veces cambiar la caratula de desaparición forzada, que implica la responsabilidad estatal y que aún tiene la causa por la de “desaparición seguida de muerte”, que los exonera. Por el contrario, la muerte de Santiago Maldonado es inseparable de la avanzada represiva que lo persiguió disparándole hasta la vera del rio Chubut. La intención de descontextualizar de los hechos es una maniobra vil con propósitos políticos profundos. 

La autopsia no pudo dar cuenta con certeza la data de muerte de Santiago Maldonado, sino que realizó una aproximación que va entre los 50 y 70 días de encontrado el cuerpo. Tampoco pudo demostrar que la muerte se haya producido en el lugar donde fue hallado. Al día de hoy, aún no se descarta la posibilidad que el cuerpo haya sido plantado. La causa estuvo plagada de irregularidades desde el primer momento. Con venia judicial, los peritajes sobre los móviles utilizados por la Gendarmería se realizaron diez días después de los hechos, cuando ya habían sido lavados. Los teléfonos celulares de los gendarmes fueron secuestrados también recién varios días después del hecho. Muchos de ellos ya habían desinstalado WhatsApp o retirado la memoria SIM. 

Política represiva

El caso de Santiago Maldonado fue producto de una línea política. El mismo día de su entierro, Prefectura asesinaba por la espalda a Rafael Nahuel, en otra cacería contra un reclamo mapuche. Estamos, por lo tanto, ante crímenes de Estado, resultado de una orientación represiva bien definida, al servicio de los pulpos capitalistas, que no comienza hoy, sino que se extiende a todos los gobiernos que antes entregaron los recursos naturales a petroleras y mineras. En este punto, es un crimen de dos Estados: el argentino y el chileno. A estos intereses responde la decisión de utilizar a las fuerzas militares en la "protección de objetivos estratégicos" como sostiene el decreto dictado por Macri hace pocos días.

Durante los 78 días que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, una intensa movilización popular, contra la política militarista, de impunidad para las fuerzas armadas, y represiva del gobierno, luchó por su aparición, enfrentó a Macri y a Bullrich y reclamó por justicia. En el aniversario de la represión que terminó con la vida de Santiago Maldonado la movilización a Plaza de Mayo a exigir justicia y verdad y castigo a los culpables materiales y políticos cobra una enorme importancia. La justicia por Santiago Maldonado implicará poner a los responsables en el banquillo y organizarnos y luchar para terminar con el régimen social que es responsable de su muerte.

El Estado y el gobierno son responsables. Castigo a los culpables.

En esta nota:

Compartir

Comentarios