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3 de enero de 2019

Criminalización de la protesta: abren causa contravencional contra el Partido Obrero en Jujuy

Es por la marcha del 4 de abril, por la que ya habían detenido e imputado a otros militantes y referentes. Un ataque a todo el movimiento popular.
Por Iñaki Aldasoro Diputado Provincial PO-FIT
Criminalización de la protesta: abren causa contravencional contra el Partido Obrero en Jujuy

El PO en la movilización del 4 de abril.

En la última semana del 2018, llegó a nuestro local partidario una cédula policial para notificarnos de una causa contravencional, contra el diputado provincial Iñaki Aldasoro, en representación del Partido Obrero, por su participación en la movilización del 4 de abril a la Legislatura, que fuera duramente reprimida por el gobierno de Gerardo Morales.

La denuncia está construida sobre imputaciones falsas y de persecución a la movilización popular, y se extendería contra otras organizaciones y militantes. Por esta causa ya habían sido detenidos ocho militantes en la semana posterior a la marcha, que fueron liberados por la presión de la movilización popular, e imputados otros dirigentes y referentes sobre la base de denuncias “anónimas” -que cayeron en saco roto.

Ahora se continúa con las denuncias por un hecho ocurrido hace más de 8 meses, con un salto cualitativo en la pretensión del gobierno de aplicar un “protocolo anti-protesta”: mientras que antes se individualizaban (siempre de manera discrecional y arbitraria) a los “agresores” y se procedía a abrirles una causa en su condición de individuos, hoy las causas se hacen sobre las organizaciones políticas como tales. Un ataque que debe ser rechazado por el conjunto de las fuerzas políticas, sindicales y sociales de la provincia.

Una causa burda y armada

El 4 de abril, día de apertura de las sesiones ordinarias, un conjunto de partidos y organizaciones movilizamos a la Legislatura para llevar al gobernador un pliego de reclamos, entre ellos la reapertura de paritarias y contra los despidos y el ajuste.

Las imputaciones que se le hace al partido en la denuncia son: portación ilegal de armas y agravantes; uso indebido de armas y encendido de fuego en sitios públicos; y Permanencia en espacios públicos y/u obstaculización de la circulación vehicular.

Desde ya rechazamos todas estas imputaciones y denunciamos su carácter regimentador: fue el propio gobierno el que valló toda la legislatura cortando el tránsito –como lo hizo en la asunción del gobernador y en sus actos políticos-, y sus fuerzas de seguridad las que reprimieron con gases y balas de goma a nuestros compañeros y al resto de los manifestantes que se encontraban a cien metros de la Legislatura.

El gobierno en una encrucijada

La denuncia desnuda a un gobierno que pretende mantener el “statu quo” reforzando los métodos represivos de los que se ha valido desde su asunción –con picos en la entrada ilegal de la policía a la facultad de Agrarias y la detención de estudiantes; la represión y detención de los obreros de La Esperanza que defendían sus puestos de trabajo; la avanzada policial contra los estudiantes que enfrentaban el cierre de los CEIJA; y la detención y extensión a condición casi permanente de la prisión preventiva a Milagro Sala.

Pero esos recursos muestran su agotamiento en el cuadro de crisis económica y política, que atiza las movilizaciones populares y refuerza la disgregación de su propio bloque político. Quieren tapar con el código contravencional la creciente intervención popular contra la profundización del ajuste, que se plasmó en la lucha y conquista de la comunidad de Cueva del Inca - luego de ser reprimidos por Morales cuando reclamaban por sus tierras, la justicia tuvo que fallar a su favor y levantar la medida de “no innovar” para que la comunidad pueda establecerse en la zona.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda iniciaremos una campaña política reclamando la anulación de la causa contravencional, y una campaña general por la anulación del represivo Código Contravencional, acordado entre peronistas y radicales y que ha sido aplicado sistemáticamente para reprimir cualquier manifestación en la provincia.

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