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31 de enero de 2019

Ex juez condenado por delitos de lesa humanidad reincide en violación de prisión domiciliaria

El ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán, condenado a la pena de 12 años de prisión en 2006 por ser partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad, detenido en mayo de 2011 cuando la Corte Suprema ratificó la condena y que cumple prisión domiciliaria desde ese momento, fue filmado el día de ayer saliendo de compras por su barrio. Catalán, haciendo gala de una brutal impunidad, se burló de quienes lo pusieron en evidencia e hizo muecas y gesticulaciones provocadoras a la cámara. El video circuló rápidamente vía redes sociales. Curiosamente, el juez Daniel Herrera Piedrabuena le otorgó, cuatro días después de ser detenido, el beneficio de la prisión domiciliaria porque su abogado defensor, Juan Carlos Pagotto, adujo que Catalán sufría claustrofobia. En 2013 cuatro médicos pidieron que se revocara la misma al demostrar que no tenía impedimentos para cumplir su condena en la cárcel común.

Producto del video que muestra a Catalán violando la prisión domiciliaria, el Ministerio Público Fiscal pidió a la justicia de Ejecución Penal que la misma sea revocada al no haberse respetado sus términos y, mientras se resuelve el pedido, se dictaminó que se le colocara, de manera inmediata y efectiva un control electrónico. Hasta ayer, Catalán no tenía custodia de ningún tipo a pesar de que ya había violado la prisión domiciliaria en varias oportunidades, por lo cual, inclusive había vuelto a la cárcel en el año 2013 –y, luego, vuelto a su domicilio.

Catalán fue nombrado juez por Jorge Rafael Videla en 1976. En ese momento pasó a resolver en las causas en las que hasta ese momento intervenía como Fiscal, lo que es indiscutiblemente ilegal. Está demostrado por la Justicia que durante la dictadura, tomó declaraciones y obtuvo firmas de declaraciones pre-armadas bajo tortura, con los detenidos vendados, esposados y vigilados por guardias armados en el centro clandestino de detención Instituto de Rehabilitación Social. Fue condenado por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Catalán fue parte fundamental del gobierno dictatorial en la provincia de La Rioja y en las violaciones de los derechos humanos que se cometían: el juez recibía las denuncias de los familiares de los desaparecidos que sabía dónde estaban ilegalmente detenidos y con cuyas torturas colaboraba. Durante la democracia, mientras mantuvo su cargo, se recuerda que detuvo a un joven en un navío militar por el “delito” de tener colgado en su habitación un banderín del “Che” Guevara.

Catalán debería ahora cumplir su pena en una cárcel común por reincidencia en la violación de la prisión domiciliaria pero la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja informó públicamente que “exigirán el estricto cumplimiento del beneficio”. Es decir, mantenerle el privilegio que debe serle anulado por violar las condiciones que él mismo exigía y ello, por segunda vez.

Impunidad y juicios

Al día de hoy, y tras quince años de derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, solamente el 27% de los genocidas imputados han sido condenados y de ellos, el 70% (518) cumplen prisión domiciliaria.  

El actual gobierno impulsó una decidida política de impunidad en pos de la reinstalación definitiva de las fuerzas armadas para tareas de seguridad interna y de un reforzamiento represivo (una política en que el kirchnerismo había dado un paso con la designación del represor César Milani al frente del Ejército).

Ese objetivo de rehabilitación perseguía la intentona de la Corte Suprema de 2016 de otorgar el “2x1” a los detenidos por delitos de lesa humanidad, derrotado por una histórica movilización popular. En ese momento, la diputada Elisa Carrió se proclamó públicamente como defensora de la aprobación inmediata de la prisión domiciliaria para los militares condenados mayores de 75 años, desconociendo su carácter de criminales de Estado. Solamente en ese año 50 genocidas fueron mandados a su casa. Las maniobras al servicio de ello son permanentes, como demostró el otorgamiento de la licencia a Miguel Ángel Etchecolatz en una de sus múltiples causas, determinada por los jueces pese a un informe médico pericial que descartaba motivos sanitarios para el beneficio.

Los juicios, que comenzaron a cuenta gotas e impulsados no por el Estado sino por las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales que luchan por la verdad y la justicia, hoy cuentan 575 causas abiertas, según un informe del Ministerio Publico Fiscal de septiembre de 2018. De 2006 a 2018 ha habido solamente 209 sentencias con 862 condenados y 122 absueltos. Menos de un 30% del total de los imputados.

La lucha por verdad y justicia contra los genocidas de la dictadura militar y todos sus cómplices y partícipes, continúa. Contra la reconciliación y la impunidad. Contra el ajuste y la represión.

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