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27 de febrero de 2019

Jujuy: Condenan a estudiantes que defienden la educación a pagar 10 mil pesos de multa

El movimiento popular debe tomar nota y rechazar esta avanzada represiva.

El juzgado contravencional de Jujuy sentenció a la pena de multa a tres estudiantes y un docente que en marzo de 2018 realizaban una protesta en puerta de Casa de Gobierno contra el cierre de terciarios para jóvenes adultos, dispuesto por el gobierno de Morales. Entre los estudiantes sentenciados se encuentra Valentina Melo, militante del PTS-FIT. La parte acusatoria había solicitado una multa de $10.000 para los estudiantes del terciario y de $65.000 para el docente Iván Mendoza (vinculado a una fracción del PJ) y Valentina Melo, en un claro ataque a las organizaciones políticas que apoyaban el reclamo. Finalmente el juez sentenció el pago de $10.000 a cada uno de los cuatro imputados.

La causa que se les imputa a los estudiantes estuvo armada por el propio gobierno. Se usó como prueba el testimonio y grabación un policía de civil que se infiltró entre los jóvenes que reclamaban contra el cierre de terciarios. Cuando la policía “levantó” el acampe en la vereda de Casa de Gobierno, detuvo además al abogado Héctor Huespe y a la concejala del PTS -FIT Andrea Gutiérrez. Luego, durante el proceso, fueron deliberadamente borrados como imputados, ante el escándalo político que se podría generar, alegando que ellos dos “sólo estaban de pasada” por el lugar.

Esta sentencia plantea un nefasto precedente a todo el movimiento popular. En carpeta, el gobierno tiene una causa contravencional abierta contra las organizaciones políticas y sociales que se movilizaron el pasado 4 de abril a la apertura de sesiones y fueron reprimidas por la policía de Morales. Entre ellas se encuentra el Partido Obrero y el diputado Iñaki Aldasoro, el PTS, ATE, ATSA, CTA y otras organizaciones. Hasta el dirigente del Seom, Carlos “Perro” Santillán, fue notificado sin siquiera haber participado de la jornada.

Como en todas las manifestaciones recientes, el peronismo en todas sus variantes pegó el faltazo ante este ataque a las libertades democráticas, demostrando no sólo haber sido cómplice en la redacción del Código Contravencional, sino su incapacidad de acompañar cualquier reclamo popular en la provincia.

Derrotar el ajuste y la represión

El gobierno pretende hacer pasar el ajuste en la provincia con el método de la represión a las manifestaciones, pero ha encontrado límites para llevar esta política hasta el final, como lo prueban la victoria de la comunidad “Cueva del Inca”, la movilización de las comparsas en contra del impuestazo que hacía prohibitivo la celebración del carnaval, inclusive la medida de fuerza de una decena de comunidades originarias en la Puna contra la explotación del litio en la zona. Este límite se procesa en el cuadro de agudización de la crisis económica y política, que atiza las movilizaciones populares y refuerza la disgregación de su propio bloque político.

Los abogados de los acusados han planteado la apelación del fallo y seguir la lucha “hasta las últimas consecuencias”. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda acompañaremos este reclamo y planteamos la necesidad de discutir una campaña reclamando la anulación de todas las causas judiciales contra luchadores populares, y una campaña general pidiendo la anulación del reaccionario Código Contravencional, aplicado sistemáticamente para reprimir cualquier manifestación.

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