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23 de mayo de 2019

La masacre de San Miguel del Monte la parió el Estado

Luego de que el fiscal Héctor Bogliolo confirmase que los cuatro chicos accidentados y muertos en San Miguel del Monte huían de una balacera policial sin justificación, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo salió rápidamente a anunciar la detención de los tres agentes de la Bonaerense que participaron de la persecución, así como la separación de otros nueve miembros vinculados a la acción represiva y su ocultamiento, entre ellos el superintendente de La Plata y el jefe de la Departamental de San Vicente.

Los hechos volvieron a mostrarle a la población la completa descomposición de las fuerzas represivas. Los familiares denunciaron que a uno de los fallecidos, el conductor Carlos Aníbal Suárez, la policía le había sacado una coima semanas atrás para no retenerle el auto por falta de papeles, y que podía estar evitando una nueva extorsión de la policía cuando esta inició la balacera. Tras el choque fatal, el auto y los cuerpos habrían sido retirados rápidamente, en un claro intento de encubrimiento denunciado por el padre de Danilo (otra de las víctimas). Las primeras pericias sobre los hechos las hizo la propia Policía Bonaerense comprometida, que lanzó luego una versión completamente falsa, según la cual se había recibido una denuncia del auto al 911, no hubo disparos y se dio solo una señal de alto a los jóvenes, que “escaparon a toda velocidad y embistieron contra un camión”; falsificación que fue replicada por el Ministerio de Seguridad provincial y por la intendenta massista, Sandra Mayol. Luego, los familiares que reclamaban justicia fueron reprimidos.

A la luz de toda esta inmundicia, las medidas de Ritondo se revelan como un claro intento de cortar en los represores separados una cadena de responsabilidades que alcanza al poder político.

Ritondo señaló que los desafectados “no solamente han manchado el honor de la Policía, el uniforme, sino que han deshonrado a muchos de sus compañeros”, pero el inicio de una balacera sin justificación alguna es justamente lo que promovió el gobierno nacional en diciembre, con un protocolo que daba libre vía a las fuerzas federales para el uso de armas de fuego, bajo la doctrina Chocobar de que “la Policía no es culpable en un enfrentamiento”. Como se dice en las manifestaciones populares antirrepresivas, “no hubo errores ni excesos”: la muerte de cuatro jóvenes que tenían toda la vida por delante es la consecuencia directa de una política de Estado.

El patovica a cargo de la Seguridad bonaerense aseguró que la separación de los asesinos y encubridores vendría acompañada del diseño con Mayol de un “nuevo formato de policía en Monte” (cuyos agentes cuentan con múltiples denuncias de los vecinos, entre ellas por el atropello semanas atrás de un chico que andaba en moto). Pero las “purgas” que ya llevaron adelante Ritondo y Vidal no redujeron un ápice el carácter mafioso de la Bonaerense, como volvió a mostrar el tiroteo con agentes de la Federal, que mostró un entramado común de los agentes con el narcotráfico.

En San Miguel del Monte se ha producido una nueva masacre de una mafia de enemigos del pueblo, entreverada con el crimen organizado y represora de las manifestaciones populares. Se plantea una lucha a fondo por el completo esclarecimiento del crimen y por justicia para los pibes, que implica que paguen por sus responsabilidades desde los gatilleros hasta sus promotores en el poder político.

Mañana, vamos a una movilización masiva junto a los familiares de Danilo, Gonzalo, Camila y Carlos Aníbal, por justicia, contra el gatillo fácil, a las 17 horas de Congreso a Plaza de Mayo.

Por una transformación social de raíz, que lleve al desmantelamiento de las fuerzas represivas y al fin de sus atropellos criminales.

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