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21 de junio de 2019

A un mes de la masacre de los pibes de Monte: las familias denuncian la responsabilidad del Estado

Por Corresponsal
 A un mes de la masacre de los pibes de Monte: las familias denuncian la responsabilidad del Estado

Foto: Sergio Santillán, Ojo Obrero Fotografía

Una nueva movilización por la masacre de San Miguel del Monte conmovió al pueblo. Al cumplirse un mes de aquel fatídico 20 de Mayo, donde cuatro adolescentes perdieron la vida y otra de las victimas continúa en recuperación, tras ser perseguidos y baleados por efectivos de la policía bonaerense.

La marcha convocada por los familiares partió del Skate Park pasadas las 14 hs, contó con la presencia de varios familiares victimas del gatillo fácil, organismos de Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel,  la Correpi, y cientos de jóvenes del pueblo, los unió el reclamo  de justicia por Camila, Danilo, Gonzalo, Aníbal y el apoyo para que se recupere a Rocío. Estuvo Néstor Pitrola del Partido Obrero, que ha estado reclamando justicia desde el primer día y ha presentado una interpelación al ministro de seguridad Cristián Ritondo, para esclarecer la responsabilidad de quienes han promovido la doctrina “Chocobar” de gatillo fácil en el accionar asesino de la policía bonaerense en Monte.

 

La movilización continuó por el centro del pueblo hasta llegar a la escuela donde iban los chicos; allí  la mama de Gonzalo tomo la palabra para  denunciar que sus hijos fueron asesinados por la policía, y que las familias no van a cesar en su lucha por justicia; la movilización culminó en la plaza central del pueblo donde se realizó un acto donde las cinco familias hicieron uso de la palabra quienes en su conjunto denunciaron  la responsabilidad del Estado con todo su accionar. Los padres mostraron de forma enfática la responsabilidad no solo de los 13 policías involucrados, quienes hoy están detenidos, sino de las responsabilidades políticas, como la de la intendenta Massista Sandra Mayol, quien remplazo de su cargo al secretario de seguridad involucrado por el encubrimiento de los policías,  pero puso en su lugar a una abogada defensora de policías.

Este caso no es un hecho aislado, forma parte de las políticas de Estado; un régimen que ampara la corrupción policial y el gatillo fácil, que protege a las mafias y sus negociados y que  criminaliza a la juventud.

Para que haya  justicia para  los pibes de San Miguel del Monte, hay que ir a fondo y reclamar el juicio y castigo de los responsables, materiales, intelectuales y políticos de este crimen.

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