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19 de enero de 2012 | #1209

Por el desprocesamiento de Pitrola y de todos los luchadores

2 de febrero, todos a la Cámara Federal de San Martín

El próximo 2 de febrero tendrá lugar la audiencia en la Cámara Federal de San Martín, que deberá determinar si revoca o confirma el procesamiento y el embargo, dictados por el juez federal Mariano Rearte, contra los trabajadores y delegados de Kraft y los dirigentes políticos Néstor Pitrola y Vilma Ripoll. La misma Cámara todavía debe resolver las apelaciones presentadas por Ramón Bogado y Javier Hermosilla, también procesados, cuya audiencia tuvo lugar en noviembre pasado.

A todos se les imputan diversos cortes de la Panamericana, en el marco de la huelga de los trabajado-res de Kraft de 2009. Los procesamientos fueron dispuestos cuando la causa estaba a punto de prescribir.

La criminalización de las actividades de apoyo a la lucha de Kraft es una clara intimidación contra la organización sindical, así como contra las expresiones políticas que se solidarizaron con ella.

Las ‘pruebas’ recogidas por el juez son una muestra del avance de la infiltración de las organizaciones obreras, sindicales o políticas, por parte de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia con autorización judicial. La causa está plagada de informes de inteligencia, en los que constan día a día decisiones de asambleas de Kraft, sus oradores y las posiciones esgrimidas. Cientos de fojas consisten en artículos, publicaciones y volantes de los partidos de izquierda apoyando la huelga.

Por otro lado, el juez ha considerado como parte de las pruebas de cargo los artículos periodísticos que dan cuenta de los discursos de la Presidenta de la Nación que plantean "terminar con los cortes de ruta". La aplicación del artículo 194 del Código Penal (corte de medios de comunicación terrestre) a las luchas populares, configura la vigencia de un Estado policial. La criminalización de la protesta es la condición que exige la Ley antiterrorista para convertir a sus protagonistas en terroristas.

Convocamos a todas las organizaciones populares y partidos políticos a expresar su repudio y a exigir el cierre de todas las causas penales que se mantienen abiertas en contra de los obreros de Kraft y los dirigentes políticos que manifestaron su apoyo.

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