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23 de agosto de 2019

Ritondo horror show

Informe anual sobre la situación carcelaria bonaerense de la Comisión Provincial por la Memoria

Cada agosto desde hace casi dos décadas, la Comisión Provincial por la Memoria presenta su informe anual denominado El sistema de la crueldad, en el cual “da cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de libertad en cárceles, comisarías, alcaldías, centros de menores y neuropsiquiátricos de la Provincia de Buenos Aires”. Año a año, la realidad que vierten en sus páginas es más escalofriante.

Antes que nada, se lee “Justicia por los 10”, en el póster con que el libro rinde homenaje a los pibes muertos en la Masacre de la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre de 2018, cuando los policías cortaron el agua para dejar que se incendiara un calabozo hacinado de detenidos. Ese es solo el comienzo.

Sobrepoblación carcelaria en ascenso

“El del año pasado fue el informe de los récords”, describe, porque todos los índices empeoraron. Hay 50.500 personas detenidas, alojadas en menos de 22.000 plazas carcelarias y 1.000 camastros de comisarías, una gigantesca sobrepoblación. La tendencia es a que este cuadro se agrave, ya que contabilizaron 5.521 nuevos detenidos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. Las personas privadas de su libertad en cárceles y alcaldías pasaron de 39.997 a 44.486, arrojando una sobrepoblación del 113%, mientras que en comisarías pasaron de 3.097 a 4.129, un 310% por sobre las plazas habilitadas. Como agravante, más de la mitad de las comisarías se encuentra inhabilitada para albergar detenidos por decisión administrativa o judicial, pero en el 44% de ellas había personas en los calabozos.

Con estas cifras, la tasa de encarcelamiento de la provincia de Buenos Aires es de 283 detenidos cada 100.000 habitantes, duplicando la media mundial que se ubica en 144. Es notorio que de un total de 60 espacios carcelarios, solo en 3 no hay sobrepoblación. La situación es tal que colapsaron las alcaldías departamentales, espacios construidos entre 2010 y 2013 con el objetivo manifiesto de descomprimir las comisarías. En 2018 creció un 57% los detenidos alojados en esas alcaldías.

El informe también refleja que solo el 11% de las detenciones se realizan con orden judicial previa (como establece la Constitución), mientras que el 89% restante constituyen aprehensiones policiales que van directo a lugares de encierro. La situación procesal de los detenidos es escandalosa, ya que el 84% de los ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense corresponde a prisiones preventivas. Eso, a pesar del crecimiento en la utilización del juicio abreviado y la flagrancia, que aceleran los tiempos para la sentencia afectando las garantías judiciales en pos de lograr acuerdos extorsivos (el 84% de las condenas de 2018 corresponde a juicios abreviados). No obstante esta política, el 42% de las personas privadas de su libertad no tiene condena, y otro 10% carece de sentencia firme. En promedio, pasan detenidas 369 días hasta la sentencia de primera instancia (sin contar el tiempo hasta la sentencia firme, período en el cual aún se las considera legalmente inocentes). Lo que rige es una presunción de culpabilidad.

Entre las mujeres la situación es más grave aún, ya que el 60% estaban detenidas en calidad de procesadas. Según el relevamiento de 2017 un tercio de las mujeres detenidas en la provincia responde a tenencia de estupefacientes, mientras que ese porcentaje para las personas trans ascendía al 84%. Existe una clara política de criminalización, que descarga el peso de la ley sobre el último eslabón de la enorme cadena del narcotráfico.

Un régimen de tortura y muerte

El Comité Contra la Tortura recopiló denuncias sobre 12.421 hechos de torturas o malos tratos, como aislamiento permanente, traslados, agresiones físicas, problemas graves de salud no asistidos, falta de alimentación, malas condiciones materiales, entre otros. De las víctimas, el 71,1% es menor de 35 años. Va de suyo, además, que la gran mayoría de las vejaciones no son denunciadas, por temor a represalias e incluso por carecer de acceso a instancias judiciales para radicarlas.

En el registro realizado por ese Comité también consta que durante 2018 murieron al menos 140 personas en contexto de encierro en la Provincia de Buenos Aires. En el podio de las causales, la principal por lejos es la no atención de los problemas de salud (72% de los fallecimientos), seguidos por los homicidios (10%) y los suicidios (8%). Las personas muertas en la cárcel tenían en promedio 45 años, y un tercio tenía menos de 35 años; una demostración de la bajísima expectativa de vida en los lugares de detención. Durante los últimos 10 años, se produjeron 1.484 muertes en el sistema penitenciario de la provincia, lo que equivale a un promedio de 11 por mes.

En muchas ocasiones, según muestra el informe, los agentes penitenciarios delegan el ejercicio de la violencia en los propios internos, a quienes encomiendan robar pertenencias para luego comercializarlas, o aplicar represalias. Ejercer la violencia penitenciaria, para muchos detenidos, implica “beneficios circunstanciales” como conseguir o impedir un traslado, mejorar sus condiciones de vida o incluso evitar la muerte.

La brutalidad del Estado en cárceles, comisarías y alcaldías es un espejo del carácter social al que representa. La masacre de San Miguel del Monte hirió de muerte el “relato” de Vidal y de Cristian Ritondo –su ministro de Seguridad- acerca del desmantelamiento de las mafias. El crimen organizado tiene en las fuerzas represivas a sus garantes, y con esos mismos métodos ejecutan un sistema carcelario aberrante. Las masacres de la Comisaría 1ra de Pergamino en 2017 y la 3ra de Esteban Echeverría en 2018, en la que dejaron a los detenidos incinerarse en los calabozos al punto de impedir el auxilio de los bomberos, son un botón de muestra. Todo esto tiene décadas de vigencia (con hitos como la masacre de Magdalena en 2005), tal cual releva año a año la Comisión Provincial por la Memoria sin lograr mayor efecto que la indignación de quien lo lea. Pero con el gobierno de Vidal y Ritondo, al compás del ajuste y la doctrina Chocobar, estos flagelos han pegado un salto. Solo la organización independiente del Estado y la movilización popular pueden poner en cuestión este “sistema de la crueldad”.

PDF del Informe Completo

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