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16 de mayo de 2020

Rosario: condenan a genocidas en las causas Feced III y IV

Finalmente y tras 3 años de dilaciones en las causas que investigaban delitos de lesa humanidad en Rosario durante la última dictadura genocida, fueron condenados los miembros de la “Patota de Feced” que operaban bajo el mando de Agustín Feced, comandante de Gendarmería que estaba a cargo del centro clandestino de detención y tortura que funcionaba en el edificio del Servicio de Inteligencia de la Policía de Santa Fe, en pleno centro de Rosario. Feced también formó parte del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército desde el año 1974.

En este tramo de la causa se juzgaban las responsabilidades de 14 policías y un cura católico por privación ilegítima de la libertad, torturas, violaciones y asesinatos de 188 perseguidos y perseguidas por razones políticas. La SI operaba en pleno centro rosarino, entre las calles San Lorenzo y Dorrego, donde hoy se emplaza la sede de gobernación. El SI fue el mayor centro clandestino de detenciones del sur de la provincia de Santa Fe, se calcula que por allí pasaron unos 2 mil detenidxs-desaparecidxs.

Fueron condenados a cadena perpetua 6 exagentes del SI (José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Carlos Antonio Scortechini, Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra y Ernesto Vallejo), que ya habían sido condenados en los tramos anteriores de esta causa. Los represores Julio Fermoselle y Lucio César Nast recibieron penas de 18 y 16 años de prisión, respectivamente. Fue condenado por primera vez Héctor Gianola (22 años de prisión), profugado durante los juicios previos.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario estuvo sacudido por varias crisis para llegar a esta sentencia, que fue saludada como un hecho de reparación de parte de los organismos de derechos humanos que siguieron el juicio desde la modalidad online. La causa estuvo atravesada por la crisis política en torno al 2x1 con el que la Corte Suprema intentó beneficiar a los genocidas en una tentativa abortada por la movilización popular.

La última postergación fue motivada por la salida del juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien formalmente se excusó de integrar el tribunal por motivos laborales pero que había sido recusado por los querellantes por acciones favorables a los genocidas. “Actuó, por ejemplo, en un expediente que involucraba al excomisario Luis Patti. Lo benefició en el caso por secuestro, tortura y homicidio (…) al entender que no había elementos para indagarlo. Patti, finalmente, fue condenado por ese caso a prisión perpetua” (La Nación, 2019)

Justicia tardía

Quedaron impunes los crímenes de los policías Daniel González, Ovidio Olazagoitía y Carlos Altamirano, que murieron antes del inicio del juicio. No deja de ser paradójico que el TOF había postergado el inicio de la causa apelando a cuestiones de salud de los acusados.

Quedó también impune el accionar del cura Eugenio Zitelli “que revistó como Capellán de la Unidad Regional II de Rosario desde el 18 agosto de 1964 y cumplió dicha función hasta el 15 de diciembre de 1977, fecha en la cual fue ascendido al cargo de oficial principal y trasladado a la Unidad Regional IV”. En su trayectoria en la fuerza, el cura Zitelli fue capellán, agente, presbítero, cabo y cabo primero”.

Según la causa, la víctima y testigo María Inés Luchetti de Bettanín declaró que ella misma le dijo al sacerdote acerca de violaciones a que habían sido sometidas jóvenes compañeras de cautiverio en el SI, "a lo que el religioso habría respondido: 'Un momentito, la aplicación de la picana se entiende, porque es un método para obtener información política, porque estamos en guerra, pero la violación atañe a la moral y nos prometieron que eso no iba a pasar’ ” (Télam, 2017).

Aunque la jueza Lilia Canero fundamentó muy bien durante el juicio que "las fuerzas de seguridad, iglesias, poder judicial, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos (…) habían formado parte del entramado de una de las etapas más oscuras" (Pág12, 5/20) lo cierto es que a diferencia de lo que sucedió con la condena del sacerdote Christian Federico Von Wernich por delitos de lesa humanidad en 2007 en La Plata, el juzgamiento sobre la participación de curas de la Iglesia Católica en la represión genocida llegó tarde.

Reconocen delitos sexuales por primera vez en Rosario

Lofiego y Mario “El Cura” Marcote, fue condenado por violar a dos detenidas en el SI. El fallo diferenció a los delitos de violencia sexual de forma autónoma, una conquista de las mujeres que denunciaron una y otra vez estos crímenes aberrantes para que sean tomados en cuenta. 

Es la primera vez que una sentencia dictaminada en la ciudad de Rosario contempla la dimensión de la violencia contra las mujeres como una herramienta de dominación particular de los crímenes cometidos por la dictadura. 

En esta esfera especial de violencia contra las compañerxs detenidas-desaparecidas se inscribe la condena por el homicidio de Luisa Tita Marciani, fallecida en la Alcaidía de Rosario -al lado del SI- con un embarazo a término, a quien le negaron atención médica pese a sus reclamos y a los pedidos de sus compañeras de prisión (Pág12).

Contra la impunidad de ayer y de hoy

El fallo es una conquista de los sobrevivientes que brindaron su testimonio y que aguantaron con convicción todas las maniobras judiciales para que este juicio no se consumara y juzgara en gran parte los actos criminales de los represores policiales bajo la dictadura. También de los organismos de derechos humanos y de familiares, que acompañaron este largo proceso y lo seguirán haciendo en los tramos que quedan de la causa.

30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs ¡Presentes!

 

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