A 13 años de la masacre de Avellaneda: Vamos al Puente Pueyrredón


El próximo 26 de junio habrá una jornada de lucha piquetera votada en multitudinarias asambleas en barrios, escuelas, universidades, y por activistas y delegados del movimiento obrero combativo. La movilización de 2002 era parte de un plan de lucha por un conjunto de reivindicaciones obreras, que partían del reclamo de trabajo genuino para millones de desocupados y un salario igual a la canasta familiar.


 


Maxi y Darío, junto a miles de desocupados (incluido un jovencísimo Mariano Ferreyra), con sus organizaciones -MTD Aníbal Verón, Polo Obrero, Bloque Piquetero Nacional, FTC, MIJD, Barrios de Pie, se levantaban contra el brutal ajuste que el gobierno de toda la burguesía descargaba sobre los trabajadores para hacerles pagar la bancarrota capitalista de 2001.


 


El gobierno de Duhalde organizó un despliegue conjunto de las fuerzas represivas que se combinaron y complotaron contra los manifestantes y produjeron una cacería humana en un radio de 30 manzanas en torno de la estación Avellaneda. Allí fueron asesinados Maxi y Darío, y más de 30 manifestantes fueron heridos con balas de plomo. Un crimen de Estado que involucra al conjunto del gobierno de Duhalde y en forma eminente, al propio presidente, Aníbal Fernández y el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.


 


Trece años después, doce de ellos correspondientes al gobierno supuestamente nacional y popular, la impunidad ha sido también una política de Estado.


 


Los organismos oficiales, policiales, militares y judiciales jamás investigaron nada ni respondieron a los pedidos de prueba, escuchas y determinación de responsabilidades en la cadena de mandos hechos por las defensas y los familiares de los compañeros caídos.


 


Duhalde y Solá jamás fueron indagados ni acusados y la promesa de Néstor Kirchner a los familiares de abrir los archivos de la Side jamás se cumplió.


 


 


Un pacto de impunidad


 


El kirchnerismo recicló a los funcionarios que fueron responsables políticos de la masacre y del posterior encubrimiento, incorporándolos a su gobierno y sellando de hecho un pacto con el gobierno de Duhalde para preservar la impunidad y a sus hombres.


 


El actual jefe de Gabinete y candidato a gobernador de la provincia, Aníbal Fernández, fue secretario general de la Presidenta, antes ministro de Producción de Duhalde.


 


Juan José Alvarez, ministro de Seguridad con Duhalde, fue puesto en el gobierno de Ibarra luego de Cromañón por el propio Néstor K , luego pasó por el Frente Renovador y ahora pretende volver al redil del gobierno.


 


Alfredo Atanasoff, jefe de Gabinete de Duhalde es hoy un ferviente adherente de La Cámpora.


 


Las cúpulas de oficiales de la Policía Federal, la Prefectura, la Bonaerense, los servicios de inteligencia y todas las cadenas de mando siguieron y siguen en funciones.


Hoy, todos ellos se encolumnan detrás de la candidatura presidencial de Scioli, otro ex funcionario de Duhalde apoyado por el kirchnerismo.


 


Levantamos el reclamo de juicio y castigo, contra la impunidad del Estado y los gobiernos de Duhalde y los Kirchner, en defensa propia.


 


El próximo 26 de junio, las organizaciones piqueteras, sociales, sindicales y políticas marcharemos al Puente Pueyrredón, por juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de la Masacre de Avellaneda.