El periódico Propuesta, del Partido Comunista, publicó en su edición del 27 de junio pasado un “carta” de la abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú, dirigida contra el Partido Obrero, con el pretexto de que Prensa Obrera se había negado a dar a conocer su texto. Los stalinistas criollos pretendían con este miserable procedimiento encubrir su responsabilidad fundamental en la forma y contenido de la carta, pues cualquiera se puede imaginar que si alguien le hubiera dirigido una carta del tenor del de la doctora Verdú, el PO se hubiera encargado de darle la réplica correspondiente —como es nuestro estilo.

La verdad es que ni la doctora Verdú ni su defensor,  ni el Partido Comunista, habían mandado ninguna carta… al menos hasta el martes 2 de julio, a las 17,22 horas, es decir, una semana después de la publicación de Propuesta, cuando un individuo de características exteriores masculinas lanzó un sobre a la mesa de entradas del local central del PO, sin tomar el cuidado de recoger una comprobación por escrito de la entrega. Este procedimiento de intrigantes resultó tan infeliz que el texto guardado en ese sobre ni siquiera era una copia fiel del reproducido en el diario codovillano, pues en dos o tres partes hay agregados o sustitución de párrafos. La carta tiene otra ‘curiosidad’, porque le reclama al PO su publicación, pero advierte que da por concluida la polémica en ese momento. ¿Adónde apunta este jueguito de ultimátums?

En definitiva, nos preguntamos: ¿Qué pasa aquí? ¿El Partido Comunista la ‘mandó al frente’ a la doctora Verdú, dando a conocer una carta que aún no se nos había entregado? ¿Una ‘pequeña’ provocación staliniana en vísperas de elecciones? Lo cierto es que el partido comunista no actúa en esta emergencia como un ‘correo del zar’; lo hace como lo hizo porque defiende, si no es el inspirador, de las posiciones de la carta. El PC no se anima a asumir su responsabilidad política en una polémica de carácter político, no jurídico, y prefiere esconderse tras las faldas de una abogada ofendida. Pero las posiciones políticas en juego no son las de abogada sino que son las posiciones que asumieron el Frepaso, el PC y otros ‘democratizantes’ en ocasión del debate acerca de las consignas que debían presidir las movilizaciones en el aniversario del asesinato de Wálter Bulacio.

Cuentas claras

En esa ocasión se presentaron dos planteos. El de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que reclamaba “cárcel, juicio y perpetua a los asesinos…” y la del bloque frepasista, que levantaba el slogan “Por Wálter Bulacio y Víctor Choque”. Una planteaba una reivindicación política, que semanas más tarde sería reivindicada también en la movilización por el asesinato de los chicos de La Plata, y además el derecho que tienen los estudiantes secundarios a encabezar, como lo hicieron todos los años, esa movilización. La otra no pretendía otra cosa que recordar a los muertos al margen de cualquier reivindicación política y, por sobre todo, poner al frente de la manifestación a un frente de organizaciones políticas y a la Correpi. Se trata de la misma divergencia que aparece y reaparece en todas las movilizaciones de derechos humanos: de un lado, el amplio bloque frepasista que ha renunciado por completo a las reivindicaciones tradicionales sobre los presos y los desaparecidos y es vertebralmente enemigo de cualquier reivindicación contra la represión de la ‘democracia’; del otro lado, los que opinamos que las viejas consignas siguen vigentes y que hay que presentar también las reivindicaciones que se enfrentan a la política del régimen menemo-cavallista actual.

En un acto extraordinario para una abogada sin filiación política o  partidaria, la doctora Verdú se presentó a una reunión de la Coordinadora secundaria para que los chicos revisaran su reivindicación política y para que cedieran en su derecho a encabezar la manifestación. La carta de la abogada Verdú vuelve a defender esta posición, aunque ahora con esta importante diferencia: que mientras en la Coordinadora argumentó que la consigna de “perpetua” era improcedente, porque precisamente no estaría prevista en el Código de Procedimientos, ahora dice que en las movilizaciones no importan las reivindicaciones, sean de ‘perpetua’ o lo que fuere, sino que lo que importa son las movilizaciones mismas. Lo que en la reunión de la Coordinadora fue, sin que los chicos lo supiesen, una burrada jurídica, en la carta se transforma en una descomunal burrada política. Es que lo que distingue a una movilización de un corso son las consignas políticas, y lo que distingue a una movilización bien orientada de una mal orientada es la calidad de esas consignas. De todos modos, la doctora tenía una para aquella ocasión —el recuerdo por los compañeros Bulacio y Choque, la conmemoración de los asesinatos, no una reivindicación política contra el Estado responsable de esos asesinatos.

Pero no solamente en un político, sino incluso en un abogado, la siguiente afirmación de la letrada, es gravísima: “no es tan determinante si al comisario se lo condena por homicidio, por privación ilegal de la libertad. Lo importante es la lucha en la calle, la movilización…” (en la carta publicada por el PC). Es decir que a la doctora y al PC no les interesan, no ya la “perpetua”, sino ninguna condena; no les importa arrancar una condena, no es ése su objetivo. Pero si “el juicio y castigo a todos los culpables” fue y es la gran consigna nacional de este país, esto significa que los susodichos le dan la espalda a esta consigna y hasta hacen planear la sospecha de que los “organismos” que aún la levantan lo hacen por demagogia callejera. Porque, sí, una manifestación sin reivindicación precisa es una demagogia callejera. Pero hay más, porque una movilización sin reivindicaciones no tiene la posibilidad de triunfar, por definición. El método codovillano que nos recomienda la abogada es la estrategia de la derrota segura. Preguntamos: ¿Cuál es la “conciencia social” que despierta la movilización que va a la derrota?

Pero el PC y la doctora Verdú están lanzados. Dicen textualmente lo siguiente: “limitar el reclamo popular a exigir que la justicia del sistema dicte determinada condena es legitimarlo”. La trampita es la palabra ‘limitar’, pero el concepto es claro: si le dan perpetua a los asesinos de los chicos legitimamos el sistema. Y si pedimos aumentos de salarios, legitimamos a los patrones; y si reclamamos la triplicación del presupuesto educativo, legitimamos a Decibe; y cuando la doctora Verdú presenta un escrito en la mesa de un juzgado, ¡vaya si legitima al Estado! Sin embargo, todo acto de destrucción del Estado comienza por la presión; se trata casi de una ley física. En Cutral Co forzaron al Estado a hacer lo que no quería hacer y lo que efectivamente no hacía; algunas instituciones del Estado, los municipios, no resistieron esa presión. No se trata de ‘limitar’, pero para poder superar los límites primero hay que plantearlos.

En definitiva, el PC y la doctora Verdú hubieran hecho mejor si no agregaban nada a los dislates ya dichos. Porque en la carta confiesan negro sobre blanco que no quieren manifestaciones con reivindicaciones políticas, es decir, movilizaciones políticas, y que no les interesa mucho la condena de los asesinos del ‘gatillo fácil’.