Luego de casi cincuenta días de huelga de hambre, con gravísimo riesgo para su salud, los compañeros que tomaron por asalto el cuartel de La Tablada tuvieron que ceder ante la fuerza superior de la hipocresía de los organismos internacionales, la Alianza y hasta la izquierda. Se les ha prometido, incluso sin la posibilidad de asegurar que se hará efectivo, la modificación de la ley de Defensa de la Democracia para permitir la realización de un juicio de apelación que por sus disposiciones les estaba vedado. El cambio, sin embargo, dejará explícito que no aplicará el 2 por 1 a que tienen derecho aquellos que no hubieran recibido una sentencia pasado un determinado perído de detención. Es decir, que los presos de La Tablada seguirían de todos modos presos. Esta promesa no alcanza a Gorriarán Merlo y a Ana María Sívori, que fueron juzgados de acuerdo a otra ley. En este caso no se le ha adjudicado ninguna relevancia a que fueran secuestrados en el exterior, es decir a que se violó el derecho internacional. El proyecto prometido deberá naturalmente pasar por el Senado, donde el peronismo, que es mayoría, ya ha dicho que lo rechazaría. El PJ sostiene que la responsabilidad por el proyecto debe asumirla De la Rúa. De modo que la promesa, inocua de por sí, no tiene vías establecidas de cumplimiento. Los presos levantaron la huelga de hambre porque la política de confianza en estas posibilidades del sistema, se hundió a ojos vista.

De acuerdo a una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, los presos debían quedar en libertad por las irregularidades de los juicios a que fueron sometidos. Esta posición finalmente la OEA la trastocó por un reclamo de que se otorgue el derecho a un segundo juicio por apelación, lo cual es una grosera violación del planteo de que se los liberara. Es claro que ha habido una transa con el gobierno de la Alianza, cuya apreciación dentro de la OEA creció mucho desde que apoyara los reclamos de Clinton contra Fujimori con motivo de las disputas electorales y entre los clanes que controlan la televisión, en Perú. La mayor parte de los organismos de derechos humanos y la ‘izquierda que se une’ apoyaron la revisada posición de la OEA, es decir que colaboraron con este lamentable final de la difícil huelga de hambre de los detenidos.

Los presos de Tablada deben quedar en libertad porque su enjuiciamiento fue irregular, no ya en la forma sino especialmente en el contenido, ya que no permitió sustanciar la acusación de que existía una conspiración entre el menemismo y los carapintadas; investigar la represión ilegal al copamiento del cuartel, donde la jefatura de Alfonsín fue sobrepasada por la intervención de carapintadas; y, en definitiva, establecer la conexión entre el asalto al cuartel y los levantamientos previos de carapintadas, que fueron resueltos mediante pactos con el poder político y una completa permisividad judicial. En el caso de Gorriarán y Sívori, por tratarse de una operación de secuestro internacional.