Abajo las imputaciones contra las familias de Malabrigo

El Juzgado Federal N° 1 de Córdoba resolvió la imputación de dos manifestantes, uno de ellos Mónica Calizaya, vocera del barrio.
Concejala del FIT

La Justicia Federal dispuso la imputación de dos vecinos del asentamiento Malabrigo, ubicado en la ciudad cordobesa de Colonia Caroya, a raíz del reclamo encabezado por 38 familias, quienes el pasado 5 de enero protagonizaron durante varias horas un corte sobre la Ruta Nacional 9, para reclamar que se les garanticen los servicios de agua y luz.

El reclamo lleva ya más de siete años. Tras varias medidas de lucha, los residentes del barrio obtuvieron la habilitación del Ersep y de la cooperativa local, para avanzar en la conexión de los servicios. Incluso a raíz de las jornadas de lucha que protagonizaron durante el mes de octubre del 2021, arrancaron el compromiso expreso del intendente de la ciudad, Gustavo Brandan, a realizar las conexiones correspondientes. Sin embargo, entrado el 2022, los compromisos asumidos por la intendencia fueron desconocidos, lo que motivó un nuevo corte de ruta por parte de los vecinos, a días del inicio del histórico Festival de Jesús María.

El corte total de la ruta 9, que duró más de 12 horas, congregó a todas las familias del asentamiento y logró la atención de los principales medios locales. La negativa tajante del intendente a establecer una mesa de negociación para viabilizar el reclamo, contó con el respaldo de la Justicia Federal, quien libró una orden de desalojo desatando una fuerte represión que no discriminó a mujeres embarazadas y niños. El saldo fueron varios heridos leves y un detenido.

La represión del pasado 5 de enero inició una cruzada contra las familias que reclaman que se les garantice un derecho humano esencial, el acceso al agua potable. A raíz de esta acción, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba resolvió la imputación de dos manifestantes, uno de ellos Mónica Calizaya, vocera del barrio.

La imputación de Mónica es un tiro por elevación a todas las familias que vienen desarrollando una lucha inquebrantable por una mejor calidad de vida. De esta forma buscan doblegar la tenacidad con la que se organizan y acallar un reclamo elemental que cobra mayor fuerza en un contexto de alza de casos de Covid-19 y frente a la ola de calor extremo.

La judicialización de la lucha, en plena feria judicial, es indicada por el poder político provincial y municipal, quienes han optado por preservar los negociados con los sectores del agro y la industria que operan en la zona, en detrimento de las condiciones de vida de la población.

La lucha contra las imputaciones forma parte integral de la lucha por el acceso al agua y la luz. La asamblea de vecinos debe deliberar y tomar en sus manos este reclamo, rechazando de plano todo tipo de atropello a los derechos democráticos y contra toda política de disciplinamiento social. Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero venimos acompañando firmemente este reclamo y nos ponemos a disposición de las familias para encarar esta nueva etapa con una intensa campaña para derrotar la judicialización de la protesta.

 

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