Buenos Aires, 9 de agosto

Sres. Diputados Vilma Ripoll, Beatriz Baltroc, Roy Cortina, Héctor Bidonde, Daniel Betti, Sergio Molina, Tomás Devoto, Rubén Devoto, Fernando Melillo, Fernando Cantero, Ariel Schifrin y Milcíades Peña.

Con estupor hemos tomado conoci­miento de la presentación que con el patrocinio del Dr. Marcelo Parrilli efectuaran ustedes en la causa N° 42 012/04 en la que la jueza Silvia Ramond mantiene detenidos y procesados por graves delitos a 15 compañeros.

En la presentación, realizada sin consulta alguna con quienes defende­mos a los detenidos, manifiestan uste­des que él objetivo es “avanzar en la investigación de los incidentes ocurri­dos el día 16 de julio pasado en la Le­gislatura de la Ciudad y lograr la indi­vidualización de sus responsables ma­teriales e intelectuales”.

Para lograr ese objetivo, citan y adhieren a los dichos del ex ministro de Justicia de la Nación, el Dr. Gusta­vo Beliz, coincidiendo con él en cuanto a que “…los mencionados hechos vio­lentos fueron preparados e iniciados por un grupo pequeño de provocado­res, probablemente servicios policiales o muy vinculados a ellos, ajenos y ais­lados de las organizaciones que legíti­mamente se manifestaban en contra de las reformas al Código Contravencional de la Ciudad”, afirmación que su propio autor no pudo sostener ante la justicia federal.

Asimismo textualmente dice la presentación por ustedes efectuada que los " hechos ocurrieron “…sin que ante tal agresión interviniera ni un so­lo policía de civil pese a que éstos se en­contraban allí en gran número, ac­tuando así en una verdadera zona li­berada y donde tampoco existía ningu­na medula de prevención”, indiscuti­ble lamento por la falta de represión a quienes repudiaron la violencia sim­bolizada en la prohibición de acceso al recinto donde se desarrollaría el deba­te, y se manifestaron contra un siste­ma represivo que cuesta centenares de miles de detenidos arbitrariamente por año sólo en nuestra ciudad.

Aportaron ustedes al juzgado 12 casettes de video sobre los incidentes, conteniendo imágenes difundidas por la prensa, y propusieron que se solici­tara al Banco de la Nación Argentina, sucursal Florida 101, mía copia del vi­deo que corresponde a la cámara tipo domo ubicada en la Planta Baja, así como los videos grabados por la Policia Federal por la cámara que dicha fuer­za tiene ubicada en el 12 piso en la pared medianera entre el Indec y el Pami Central, sobre Diagonal Sur. Más allá de que ningún video es idó­neo para acreditar la comisión de loe graves delitos imputados (coacción agravada y privación ilegal de la liber­tad), no deja de sorprender que otor­guen ustedes legitimidad a las probanzas arrimadas por la Policia Fede­ral, fuerza que tiene entre sus especia­lidades la de fraguar causas penales, como se ha probado judicialmente en alrededor de 200 casos recientes.

Debemos puntualizar que la jueza agradeció expresamente por escrito ese aporte, que utilizó, sin prejuicio de su irrelevancia, para dar pretensa so­lidez a su decisión de procesar y man­tener detenidos a los imputados con algo más que el endeble testimonio del personal pohdal, único medio de prue­ba hasta ese momento.

Como integrantes de organizadores populares que entienden priorita­ria la defensa de los represaliados por el sistema, sin pretender juzgar -y me­nos con las reglas del régimen- la oportunidad de los métodos empleados, de­bemos manifestar a Uds. que si la jue­za Ramond ha agradecido vuestro 3 aporte, es porque ha servido a sus propósitos, y no a establecer la verdad, ni mucho menos a mejorar la situación de quienes continúan detenidos, en buena ¡, medida, gradas a estos elementos que r no estaban agregados a la causa.

Es de criterio elemental, antes de, interferir en una defensa de compañeros del campo popular, consultar con quienes han asumido esa tarea, y evi­tar actitudes que favorecen el embate represivo. Nada hay más reñido con la ética popular que la delación.

No comprendemos las razones que los llevaron a cometer este desatino, brindando a la justicia del sistema ele­mentos que pueden ser aprovechados para agravar la situación de los deteni­dos. El objetivo inmediato de quienes integramos el campo popular es lograr la libertad de los compañeros, y no acentuar las imputaciones o facilitar nuevas detenciones. Si algo debiéra­mos debatir entre nosotros, no lo hare­mos en el territorio del opresor, ni dan­do elementos a quienes se apresuran a usarlos para sus fines represivos.

Los instamos a reflexionar sobre tan grave hecho, que no condice con la solidaridad y compromiso que asumi­mos los que reclamamos libertad de los presos por luchar.

María del Carmen Verdú, Daniel Stragá y Luz Palmas (Correpi); Nora Potrillo (Apel en el Polo Obrero); Elena Reta (Movimiento Territorial de Liberación); Héctor Trajtemberg (Liga Argentina por los Derechos del Hombre); Luis Bonomi (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos)