“¿Y a los terroristas genocidas que mataron inocentes? Para cuándo les llegará la justicia?”. Esto escribía en su cuenta personal de Facebook Julio Torti, director general de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) y designado este año por el ministro de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman. No fue el único post en el que el funcionario planteó una política solidaria con los genocidas, sino que también difundió posteos del CELTYV (Centro de estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas) -autores de “Los otros muertos. Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70”-. Estas manifestaciones conforman un ataque en regla contra el movimiento de lucha por las libertades democráticas y por el juicio y castigo a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. No es menor recordar que el padre de director del organismo ambiental era Julio Antonio Torti, acusado por 25 secuestros y 23 torturas mientras se desempeñó como comandante de Operaciones Navales en la ESMA y que murió sin ser condenado por esos crímenes de lesa humanidad.

Los comentarios del funcionario Torti reivindican la “teoría de los dos demonios”, una manipulación –acuñada por el gobierno de Raúl Alfonsín y reivindicada hoy por gran parte de Cambiemos– apuntada a ocultar que la dictadura cometió un genocidio de 30 mil personas, con apoyo civil del empresariado argentino, la Iglesia y el imperialismo.

Julio Torti recientemente se había realizado un tatuaje con un ancla en honor a su padre. Más allá de los lazos familiares, el hecho de que nuevamente un funcionario del gobierno nacional se sume a esta campaña de impunidad se enmarca en la política de “reconciliación” que busca reforzar la injerencia de las fuerzas armadas en la vida social y política del país, con la mira puesta en la reacción popular ante el ajuste. Esta política ya había comenzado durante el kirchnerismo con la designación del represor Milani como jefe del ejército.

El gobierno de Macri apunta a un nuevo punto final a los genocidas que se expresa en el aval a las prisiones domiciliarias para los genocidas, el reciente intento de nombramiento de dos marinos de la dictadura en la directiva de la empresa estatal Intercargo, en las reuniones de Avruj, secretario de Derechos Humanos, con los familiares de genocidas y en el intento de desviar la causa sobre la segunda desaparición de Julio López, poniendo al Estado, principal responsable, como querellante.

En el marco de las recientes condenas de La Perla, el inicio del juicio ABO (Atlético-Banco-Olimpo) y la continuidad de la megacausa ESMA, nuestro total y enfático repudio a los defensores del régimen que intentó barrer con el activismo obrero y de la juventud.

Vamos por la apertura ya de todos los archivos de la dictadura. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes!

Del facebook de Julio Torti