“ADN para todos”, el nuevo engendro represivo de Patricia Bullrich

La fascistoide ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció su proyecto de establecimiento de una base de datos de ADN universal cuyo objetivo sería que la totalidad de las personas integre sus datos genéticos al registro en la política estatal que dio a llamar “ADN para todos”. Al actual registro genético realizado con personas que se encuentran en prisión, se le suma las aspiraciones de Bullrich por un registro exhaustivo en toda la sociedad. “La ley de ADN es para que a las personas que cometan un delito se les pueda comparar el ADN y así resolver muchos más delitos de los que se están resolviendo hoy en nuestro país”, dijo la ministra, y agregó: “(El siguiente paso) sería ir al ADN para todos, porque en realidad es la huella digital del siglo XXI (…) Ha habido tanta resistencia con el primero que sacamos, que es el de violadores, ahora estamos avanzando hacia el de todos los delincuentes. Mi idea sería lograr que el ADN sea lo que hoy es la huella digital”. Se trata de una avance represivo contra la ciudadanía que supondría aniquilar el “principio de inocencia” para reemplazarlo por una sospecha de culpabilidad para todos, como base. Se debe recordar que el gobierno kirchnerista fue un precursor de estas medidas de control estatal con su malogrado proyecto de implementar un registro biométrico universal que permitiera el reconocimiento facial de las personas.


Podría tratarse, además, de una política de intervención del Estado en beneficio de los capitalistas. La información que alberga el genoma humano provee un mapa completo de la salud de cada persona y un registro de todos los ADN de la sociedad se podría convertir, por esta razón, en oro puro para las corporaciones médicas, farmacéuticas y de seguros de salud o prepagas. El tráfico de estos datos se convertiría en un ariete más para atacar el derecho a un sistema de salud público, gratuito, universal y de calidad. El acceso por parte de las empresas a esta información, por otro lado, podría derivar en una política de discriminación laboral, y de todo tipo, hacia quienes manifiesten enfermedades congénitas o que requieran tratamientos médicos complejos.


El proyecto de Bullrich debe ser rechazado, incluso como hipótesis hacia el futuro.