La desaparición del testigo Alfonso Severo puso de manifiesto que los privatizadores y la burocracia de Pedraza operan en forma sistemática para condicionar el juicio oral y público. A partir de una iniciativa de nuestro partido, miles de personas se concentraron esa misma tarde en Plaza de Mayo para reclamar por su aparición.

Severo desapareció cuando debía testificar en el juicio a Pedraza y su banda. Tras su reaparición, afirmó que "hace tres años que denuncié a la mafia y nadie hizo nada", a pesar "de haber golpeado todas las puertas". La posición del gobierno giró bruscamente tras su reaparición: de la denuncia de un ‘autosecuestro' pasó a elogiar la conducta de Severo. Alak terminó vinculando el secuestro de Severo con la aplicación de la Ley de Medios.

En los dos años transcurridos desde el crimen de Mariano, fueron muchos los testigos amenazados (Cardías, Sotelo, Esteche, Reynoso, Hospital, Franzín, García -y la lista sigue); cuatro de ellos se encuentran inscriptos en el programa estatal de protección. En el caso de Severo, su domicilio había sido baleado en la madrugada siguiente al crimen de Mariano. Además, esta misma semana, otro testigo -"Cacho" Andino, del MTR- recibió el apriete de dos desconocidos que le exigieron que no se presentara a declarar. El gobierno jamás condenó políticamente a la patota de Pedraza -ni tampoco a las patotas de la burocracia sindical en general- ni adoptó medida alguna. Ninguna de estas denuncias fue esclarecida ni motivaron consideraciones públicas por parte de los funcionarios. Sin embargo, la Cámara de Casación se basó precisamente en ellas cada vez que rechazó los reiterados pedidos de excarcelación de los detenidos por el crimen de Mariano. Mientras tanto, los personeros de Pedraza y compañía siguen participando de la gestión del ferrocarril y del copamiento oficialista de la CGT.

Quién es y qué declaró Severo

Alfonso Severo fue gerente de Ferrobaires hasta 2009. Ligado a la burocracia desde los inicios de su carrera, fue despedido luego de una violenta disputa que concluyó con su desalojo de la empresa a punta de pistola.

Durante la investigación, Severo declaró en la fiscalía que, un día antes del crimen de Mariano, Humberto Martínez -delegado de la Unión Ferroviaria y secretario general de la seccional Buenos Aires Sud- reunió a todo el personal de Ferrobaires en las oficinas del sindicato ubicadas en Constitución y lo convocó a "impedir que los tercerizados cortaran las vías" al día siguiente. Dijo que se enteró de esa macabra 'asamblea' a través de un trabajador que no concurrió a las vías el día 20 y que fue despedido inmediatamente. También aseguró que en Constitución y en el Museo Ferroviario de Avellaneda se encuentran los depósitos de armas de la patota de Ferrobaires y que los matones utilizan un sector de encomiendas y los coches-comedor para practicar tiro. Diversos indicios llevan a sospechar que las armas utilizadas por la patota de Pedraza salieron de Ferrobaires. Esta semana, otra testigo -Andrea de Yulis, que vive en las viviendas ferroviarias de la calle Hornos- ratificó buena parte de estas denuncias. Aseguró que los matones armados que circulan a diario por allí "son todos de la Unión Ferroviaria".

Ferrobaires -que cubre apenas dos servicios semanales a Mar del Plata- es un nido de delincuentes. De sus 1.200 empleados, solamente una cuarta parte realiza tareas ferroviarias. El resto es un verdadero ejército mafioso -reclutado entre barrabravas y punteros- dedicado a todo tipo de actividades delictivas, que van desde la explotación de la venta ambulante en el ferrocarril hasta el lavado de dinero, pasando por la venta de artículos robados y los negocios inmobiliarios. Su fuerza de choque está encabezada por Norberto Saldaña, "Chuly" Carruega y Daniel Hess, tres matones a sueldo que ahora operan para el interventor Antonio Maltana. Ferrobaires está intervenida por el gobierno de Daniel Scioli desde abril del año pasado. En esa primera declaración, Severo afirmó que "la escala jerárquica que maneja la Unión Ferroviaria se divide en Ferrobaires y Ugofe, las cuales trabajan unidas". En ambos casos, son manejadas "en primer lugar" por José Pedraza y por Juan Carlos Fernández, seguidos por Humberto Martínez, Pablo Díaz y otros dos delegados de apellidos Maldonado y Aguirre. También declaró que Ugofe era "manejada de hecho" por el entonces subsecretario de Transporte ferroviario, Antonio Luna.

Exigimos el completo esclarecimiento del episodio de su desaparición.