La familia Boglione – Cabello, miembros de la Radio Roja de Casa Grande, emitieron un comunicado, denunciando públicamente ser objeto de persecución policial y judicial, mediante un allanamiento irregular, malos tratos a cargo de la policía de la provincia, grave.

Además, sostienen que el  día del allanamiento, descubrieron a una persona tomar fotos de su casa, desde un auto. El cual, ante el acercamiento para hablar, se retiró del lugar con rapidez, sin dar explicaciones. Cabe remarcar que quienes fueron víctimas del ataque son reconocidos activistas de la zona.

En palabras de los propios afectados “el pasado viernes 5 de febrero a las 11 de la mañana se presentaron en nuestra casa, ubicada en la localidad de Casa Grande, Córdoba, cinco policías con una orden de allanamiento. La irregularidad del accionar policial comenzó cuando vimos que dicha orden tenía datos no específicos como “la casa del porteño”, sobrenombre que nadie usa para con nosotres en nuestro pueblo donde vivimos hace catorce años; nuestra dirección sin número, cuando tenemos número de domicilio asignado y una vaga descripción del frente de la edificación.”

Tras dejarlos pasar, les indicaron que en verdad  buscaban una garrafa de color azul, a lo que la familia explicó el uso de 4 garrafas que tenían en la casa, y entregaron una de ellas. Expresaron que “Cuando preguntamos de dónde venía la denuncia, nos respondieron que no podían darnos esa información y que para eso debíamos ir a la Fiscalía de Cosquín. Pidieron que se firme la orden de allanamiento y el acta de secuestro donde figuraba el nombre de un testigo -que aparentemente no estaba presente- a lo que nos explicaron que uno de los oficiales que participaba del procedimiento hacía de testigo. Pedimos copia de estos papeles y nos dijeron que no correspondía. Finalmente, tras ser firmados los documentos se llevaron la garrafa.”.

Luego de esto, al día siguiente al allanamiento, cuando un allegado a la familia consultó  sobre la devolución de la garrafa, en la subcomisaria de Casa Grande,  la respuesta por parte de la policía, fue “la garrafa la deben pedir con una boleta de compra y que agradezcan que por ser ellos no nos llevamos también las herramientas que tienen, de las que seguro no tienen factura”. Revelando un total desprecio por los afectados, que lejos está de garantizar los derechos que todos tenemos, en cuanto a no ser requisados sin orden judicial previa, basada en elementos de hecho que se enmarquen en una figura delictiva, específicamente contenida en la ley.

Esta situación no es un hecho aislado, forma parte de una política estatal provincial y nacional de ataque y persecución a todo el que se exprese contra las políticas antiderechos.

Es necesario repudiar los acontecimientos que esta familia tuvo que soportar, para que no se repitan, y exigimos al Estado se investiguen las irregularidades de la fiscalía de Cosquín y la Policía de Punilla, porque este hecho no  es el único en su haber,  sino que prevalece una fuerte sensación de inseguridad y desprotección de quienes están sometidos a su jurisdicción.