Aníbal Fernández y la quema de vagones del Sarmiento

El difamador gana tiempo

Ya pasaron cincuenta días desde que Aníbal Fernández se notificó de la demanda presentada por el PO en su contra, a raíz de las imputaciones que nos hiciera por haber “orquestado” la quema de trenes del ferrocarril Sarmiento. Antes, durante veinte meses, había estado esquivando los oficios enviados por el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 para notificarlo de la demanda. El funcionario registraba “domicilio desconocido”. Después de haber acusado al PO con todo tipo de falsedades y con impudicia, y de que la justicia descartara por completo cada una de esas acusaciones falaces y mentirosas, el ministro se declaró “desaparecido” ante la Justicia durante varios meses.

Finalmente, los funcionarios judiciales lograron notificarlo en su domicilio laboral. Pero el difamador se toma su tiempo: cuenta, legamente, con sesenta días hábiles para responder a la demanda -y es de prever que se los tomará todos, hasta el último día. La velocidad fantástica con la que el jefe de Gabinete organiza intrigas por Twitter no rige a la hora de rendir cuentas sobre sus mentiras contra el PO, que fueran propaladas a través de una verdadera cadena nacional. A la luz de lo que acaba de ocurrir con la patota de Pedraza que asesinó a nuestro compañero Mariano y dejó en coma a Elsa Rodríguez, así como también de la nueva agresión en Merlo contra los estudiantes del Profesorado, la operación quema de trenes organizada desde el gobierno contra el Partido Obrero cobra una nueva dimensión y un significado de relieve.

La ausencia de la menor evidencia contra el PO debería conducir a Fernández a una retractación pública, en nombre propio y del gobierno que conduce. En cambio, la mora de Fernández en dar explicaciones en sede judicial delata la acción de un conspirador contra las libertades democráticas y los derechos políticos, injertado en la cúspide del poder estatal. Él mismo ha construido una nueva “teoría de los dos demonios” en relación al crimen de Mariano Ferreyra, para corresponsabilizar a los ferroviarios tercerizados y al PO en un nuevo caso de calumnia ejercida con todo el peso y los medios del Estado.

A la par que denunciamos las nuevas maniobras del ministro, seguimos adelante con los juicios del PO y de José María Escobar contra el Estado Nacional, Fernández, el periodista Eduardo Feinmann y el canal C5N. Todos ellos deberán pagar con una condena el daño político ejercido, en forma coordinada, contra el PO, con el objetivo de encubrir a los vaciadores del Ferrocarril Sarmiento. Los mismos que integran, por otra parte, el armado empresario-mafioso que dio lugar a la Ugofe.