Los seis presos carbonizados en el Penal de Olmos durante la mañana del primer día del año quedaron tapados, literalmente, por la tragedia del Once. Casi nadie supo que alguna vez estuvieron vivos.

El desastre sucedió en la Unidad 22, un establecimiento sanitario del complejo carcelario de Olmos, compuesto además por la Unidad 1, donde se hacinan más de 3.000 internos, y la Unidad 25, reservada a evangelistas. Todo ese enorme campo de concentración está en el cruce de 52 y 94, a 15 kilómetros de La Plata.

Según el Servicio Penitenciario Bonaerense, un interno desquiciado envolvió un tubo de oxígeno con un colchón y luego prendió fuego a ese engendro que había armado. El tubo explotó y las muertes se produjeron minutos después. La causa está a cargo del fiscal Marcelo Romero, y se puede suponer que todo morirá, igual que los internos, sin que nadie investigue qué ocurrió en verdad, como sucede con las más de 3.200 causas abiertas y dormidas en cajones originadas en denuncias de internos por casos de drogadicción, apremios ilegales, abuso de armas, homicidios, amenazas y torturas por parte de los “candados”.

En cualquier caso, nos resulta difícil pensar que alguien pueda no enloquecer en esos penales de la provincia de Buenos Aires que amontonan a 30.500 internos, mientras otros 5.400 sobreviven en comisarías, en condiciones aberrantes. Si esos detenidos fueran animales, alguna sociedad protectora ya habría puesto el grito en el cielo, sin que le faltara razón.

La provincia tiene 220 presos por cada 100.000 habitantes, el porcentaje más alto de América Latina después de Chile. Desde 1990, la población penal se incrementó en un 183,99 por ciento, las leyes se han endurecido una y otra vez, las torturas en comisarías han llegado a extremos desconocidos desde tiempos de la dictadura, y la mortificación a los amontonados en las cárceles ha sobrepasado el límite de lo atroz. Y todo no hace sino empeorar, como empeora la inseguridad en las calles protegida por la indecible corrupción policial.

La cárcel de Florencio Varela, de acuerdo con informes del SPB, tiene capacidad para 350 detenidos pero aloja a 750. Sin embargo, ni siquiera es cierto lo que dice el Servicio, porque ahí hay más de 900 presos.

Y debería ser motivo de una nota especial la situación de los menores. Todos recordamos el caso de los chicos muertos por asfixia en una comisaría de Quilmes, luego de que un policía armado con un palo desafiara a uno de ellos a pelear. Obviamente, el chico estaba desarmado, sus compañeros quemaron colchones y todo terminó en tragedia.

En Sierra Chica, los internos han denunciado que los “kobanis” no los dejan dormir, mediante grabadores encendidos a todo volumen durante las noches, y que la comida es una mezcolanza repugnante, de fideos, arroz, papas y zanahorias sin pelar, con algunos huesos blancos y pedazos de grasa. Si hacen alguna denuncia, luego lo pasan peor.

Entretanto, Solá ha citado un diálogo que dice haber tenido con un viejo nazi. Según el gobernador, esa bestia le dijo que “la solución es matar a un millón de personas”. Solá citó al viejo como si esa fuera una posibilidad a tener en cuenta alguna vez.

Por lo menos, la barbarie ya se llevó, el primer día del año, a seis internos del Penal de Olmos.

Alejandro Guerrero