El próximo 27 de noviembre, a las ocho y media de la mañana, está convocada la audiencia denominada “control de acusación”. La misma es una instancia intermedia entre el fin de la etapa de investigación y el comienzo del juicio, decidiéndose la apertura del juicio oral y público, o en su contrario, el sobreseimiento a los imputados.

Un juicio armado por Cambiemos, con el aval del MPN

La mecánica de la audiencia se desarrollará con la exposición y fundamentos de la fiscalía y la querella (representada por el poder ejecutivo municipal) y una valoración de la prueba. A su turno, la defensa expresará los motivos y los rechazos a la misma. Luego se decidirá la apertura del juicio o el sobreseimiento a los imputados, que en este caso es a la compañera Patricia Jure, diputada electa y ex concejal por el FIT y los municipales Marisol Vázquez y Juan Carlos González.

La acusación contra los compañeros y compañeras por parte de la fiscalía es haber “realizados actos orientados a la perturbación del orden y el fracaso de la Sesión Ordinaria N° 16” encuadrándolas en el delito estipulado por artículo 241 inc. 1 del código penal. Vale recordar que los hechos a que se refiere como delito la fiscalía es la movilización y concentración de los trabajadores municipales el pasado 27 de septiembre de 2018, día donde se discutía la reforma anti jubilatoria municipal.

La presentación de la prueba por parte de fiscalía y la querella es un botón de muestra de que se trata de causa armada con el fin de proceder a una persecución política y sindical. Es que la acusación se sustenta en la declaración de 5 concejales de Cambiemos y jefes policiales que ejecutaron ese día la represión. El MPN dio su aval a esta persecución aportando al concejal Marchetti como testigo.

Por el contrario, desde el Partido Obrero hemos caracterizado la causa como una clara criminalización al derecho a luchar, un intento de amedrentar, aleccionar a los luchadores populares y una persecución política a una banca obrera y socialista que está en la primera línea de las grandes luchas de la ciudad. El castigo penal a las acciones de lucha es una política de Estado de todos los gobiernos, máxime cuando se recrudecen las políticas de ajuste.

Asimismo, desde la defensa se ha propuesto declaraciones testimoniales de concejales de diferentes bloques y distintas pruebas documentales.

Vamos a una gran movilización

Desde el inicio de la causa se han llevado adelante diferentes iniciativas con pronunciamientos nacionales e internaciones de organizaciones sindicales, sociales, de Derechos Humanos y políticas. En las primeras audiencias desarrollamos concentraciones con la participación de muchos sectores, recorridas en lugares de trabajo y una gran audiencia pública en el congreso nacional.

Ahora, impulsamos una gran movilización para el día 27/11, una campaña en lugares de estudio y trabajo. A los fines de organizar en forma colectiva las acciones de lucha, el PO de Neuquen convoca a una multisectorial el próximo martes en el local del SEJUN (Sindicato de Judiciales).