Las adhesiones y pronunciamientos por parte de organizaciones de las mujeres y disidencias, sindicales, de DD.HH y políticas en rechazo a las falsas acusaciones contra la concejala electa del FIT, en Córdoba, Cintia Frencia, van dando forma a un pronunciamiento popular. A nuestra compañera le endilgaron, sin pruebas, estar involucrada en las amenazas dirigidas al viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, lo que despertó un fuerte repudio.

Al apoyo efectuado por la asamblea Ni Una Menos de Córdoba y la CTA, se sumaron más de 100 pronunciamientos de todo el país, entre ellos el del sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, planteando que “los sótanos de la democracia, con operadores judiciales y operaciones mediáticas para montar causas persecutorias, le han hecho mucho daño a la Argentina. No aceptamos el señalamiento público a una dirigente política de la oposición”, reclamando que se esclarezca el hecho.

Además, desde Correpi expresaron su “total repudio a la sucia operación” y plantearon que su organización  “manifiesta su solidaridad con Cintia Frencia y lxs trabajadorxs que resisten el ajuste”. La organización antirepresiva también señaló que “esta amenaza es un nuevo episodio de la represión brutal y sistemática que los gobiernos de Schiaretti y Llaryora vienen desplegando ampliamente contra el sector organizado que lucha contra la explotación y la opresión, siempre con la utilización de la justicia y las fuerzas represivas como mano de obra y la prensa hegemónica como caja de resonancia”.

En tanto que la Mesa de Trabajo por los DD.HH de Traslasierra, en su pronunciamiento, afirmó “El caso en la prensa se presentó como ‘casi esclarecido’ y que las imputaciones se realizarían en las próximas horas. Sin embargo, a la fecha la acusación no reviste ninguna prueba. Que el fiscal haya hecho trascender supuesta información extraoficial, en una causa que aún está bajo secreto de sumario es un delito que da cuenta de hasta qué punto es capaz de llegar la fiscalía”.

Los pronunciamientos de las organizaciones populares rechazando la actuación de la fiscalía son claves para terminar de desarmar la maniobra, que como se planteó desde un principio no es solamente un ataque personal de implicancias individuales: enfrentamos una operación desde el Estado contra una organización de la clase obrera.

La fiscalía denegó el pedido de incluir a Cintia Frencia en la causa y reconoció por escrito que no está imputada. Sin embargo, esto no implica un abandono de la pretensión de implicarla, lo que da cuenta que no cesó en su interés de seguir con esta acusación fraudulenta. Debe tenerse en cuenta que la finalidad de esta operación judicial no es solamente la falsa acusación contra la compañera trabajadora docente, sino que también se busca aleccionar ante futuras movilizaciones populares.

Por eso, hay que tirar abajo la operación judicial contra Cintia Frencia, lo que solo será posible con la profundización de la campaña. Llamamos al conjunto del pueblo trabajador a pronunciarse y contribuir a la movilización para terminar con esta operación judicial al servicio de un gobierno ajustador y represivo.