“Nosotros no tenemos derechos”, dice en el testimonio audiovisual difundido vía Twitter Luciano, que en el día de ayer fue reprimido brutalmente por efectivos de la Comisaría Segunda de Bahía Blanca. La Policía de esa ciudad le quebró el tabique, le rompieron varios dientes y le lastimaron con inflamación y marcas en el ojo izquierdo.

Luciano expresó que unos policías le pegaron, lo agarraron del cuello y lo dejaron tirado en un terreno baldío, mientras él “seguía perdiendo sangre”. Él va a trabajar todos los días, y simplemente destinaba un rato de la noche para pasear a su perro. “Me siento ultrajado”, declaró, y exigió que el intendente Héctor Gay se haga cargo de lo sucedido y tome cartas en el asunto, ya que todo quedó registrado en las cámaras pertinentes.

Este caso, lejos de ser algo aislado, forma parte de un indudable avance represivo del gobierno nacional. El mismo empezó con la intromisión de las fuerzas de seguridad (FF.AA., Gendarmería, entre otras) que salieron a la calle principalmente en los barrios más empobrecidos. Con el taparrabos de “las tareas sociales”, los efectivos llevaron acciones de represión e incluso humillación de las personas detenidas.

Esta escalada dio un salto en los últimos días, luego de la confesión de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien afirmó sin tapujos que los equipos que ella tiene a su cargo desenvolvían un “ciberpatrullaje” para intervenir y medir el “humor social” de la gente en tiempos de cuarentena. En el día de ayer, la policía en Balcarce “visitó” a un joven de 21 años que se había manifestado contra el escaso alcance del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que dejó más de cuatro millones de personas afuera del cobro del bono de 10 mil pesos. 

La situación, en tal sentido, es clara: el gobierno sabe que el descontento social crece ante el avance de la crisis económica (agravada por la extensión del Covid-19) y pone en primer plano a las fuerzas de seguridad para “resguardarse” frente a las consecuencias del “mal humor social”. El “disciplinamiento” resulta fundamental para que sean quienes trabajan los que pagan las crisis, y no Techint o las cadenas de comidas rápidas que despiden y rebajan salario sin que el gobierno tome cartas en el asunto. 

El caso de Luciano de Bahía Blanca es, entonces, parte de una escalada represiva general que debe ser repudiada de manera integral. No se trata de “excesos” sino de una política represiva puesto al servicio de que la crisis la pague una clase social y no otra.