Basta de encubrimientos y aprietes policiales en Bariloche

A más de cuatro meses de la masacre a la juventud barilochense, no sólo no ha habido avances en las investigaciones sobre los responsables políticos y materiales, sino que se siguen sumando casos de abusos e intimidaciones por parte de la policía a familiares y miembros de la multisectorial contra la represión.

Los familiares de Nicolás Carrasco, uno de los jóvenes asesinados durante la represión policial de aquellas jornadas, denunciaron en los últimos días haber sufrido un allanamiento policial montado con la excusa del supuesto robo de un automóvil, que habría sido encontrado en las inmediaciones de la vivienda de la familia. Durante el tiempo que duró el operativo, los familiares sufrieron, además de ataques físicos, provocaciones y burlas por parte de la policía, que una vez más actuó con la impunidad de la que sólo puede gozar gracias a la complicidad y el amparo de todo el aparato político y judicial de la provincia.

Efectivamente, esta no es la primera vez que se constata dicho accionar policial; durante estos meses, la mayoría de quienes fueron testigos en la causa por los acontecimientos del 17 fueron previamente “visitados” por la policía, sufriendo amenazas e intimidaciones, entre los que se encuentra el caso del militante de la Multisectorial Marcos Huenchullan, detenido por efectivos policiales sin identificación, y trasladado e interrogado sobre su actividad política.

Ni justicia ni verdad

En consonancia con estos hechos, en las últimas semanas ha circulado la noticia de la restitución de efectivos policiales vinculados con la masacre, por orden de la Jefatura de la Policía de Río Negro, a partir de un decreto del gobernador Miguel Saiz.

Nada extraña luego de las declaraciones previas realizadas por el ministro de Gobierno provincial, en las que se sostuvieron la tesis del “homicidio accidental” por el caso del Diego Bonefoi y de las “tumberas”, supuestas responsables de la muerte de los dos manifestantes. A diferencia de lo que muestran los videos de la represión, e incluso una reciente investigación policial interna que demuestra que allí se dispararon alrededor de novecientas balas de acero, Larreguy insiste con que en la represión la policía sólo utilizó balas de goma.

Por una Comisión investigadora independiente

Lo sucedido en Bariloche de casos de gatillo fácil se cuentan de a cientos contra la juventud en los barrios altos de la ciudad. Luego de acordar la intervención de la Gendarmería, y recibir a los familiares de las víctimas, el gobierno de los derechos humanos concentró sus esfuerzos en sostener a Saiz al frente de la provincia a pesar de su responsabilidad en lo sucedido.

Para la juventud queda planteada a partir de esto la necesidad de organizarnos: pongamos en pie comisiones de lucha contra el gatillo fácil y los abusos policiales en todos los barrios, colegios y facultades. Por una comisión investigadora independiente, conformada por familiares de las víctimas y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.