Brutal atropello de Juárez contra el pueblo de Quimili

En Santiago del Estero, a 300 kilómetros de la Capital, en Quimili, hubo una rebelión popular duramente reprimida, cuando más de dos mil personas ocuparon el Concejo Deliberante y exigieron la renuncia de todos los concejales. Para que el hecho tuviese toda la legalidad del caso, exigieron que las firmas de renuncia fuesen certificadas por el jefe de policía, convocado al lugar, lo que así se hizo.


Al enterarse de estos sucesos, el gobernador Juárez envió un ‘grupo de tareas’ que allanó casas y el local de ATE, llevándose presos, en medio de la noche, a nueve trabajadores, entre ellos el secretario general de ATE, Carlos Herrera.


Como primera represalia por el ‘atrevimiento’, los señores feudales santiagueños obligaron a sus levantiscos vasallos a viajar los 300 kilométros en una camioneta sin techo, esposados a los caños, yendo por un camino tortuoso lleno de piedras y pozos.


Juarez acusó a los pobladores de “instigación a cometer delitos, intimidación pública, atentado a la autoridad calificado y lesiones” (El Liberal, 20/8).


El juez les tomó indagatoria por esos delitos —que son excarcelables— “mientras se preparaba una ‘ampliación’ de la ‘acusación’ en base a ‘videos’ para denegar la libertad” (El Liberal, 21/8).


La enérgica movilización popular, acompañada de una rápida iniciativa legal, impidieron que se consumara este atropello.


Los nueve salieron en libertad (El Liberal, 22/8), pero sigue el proceso y “se ordenaron nuevas detenciones” (Clarín, 25/8).


La crisis del juarismo es imparable, de allí que —al igual que sus pares nacionales— tratara de amedrentar con represión. La movilización impedirá ese objetivo.


Es de destacar que tanto ante los hechos de Quimili, como en el caso Quebracho, los dirigentes nacionales y radicales y del Frepaso se hacen olímpicamente los otarios, permaneciendo callados. Lo significativo es que en Quimili, todos los perseguidos son militantes de la Unión Cívica Radical y del Frepaso.