Cerca de 90 familias de la comunidad guaraní Cheru Tumpa fueron brutalmente desalojadas por la policía salteña este miércoles 16.

Habían estado asentadas desde hace 70 días en tierras baldías y sin ningún tipo de uso en el pueblo de Colonia Santa Rosa. A pesar de tener una negociación con la familia Manero, quien dice ser titular registral, esta terminó pidiendo el desalojo y lo ordenó el juez de Garantías Francisco Oyarzu, de la ciudad de Orán.

El operativo sorprendió a las familias por lo agresivo, con 100 efectivos de infantería que los maltrataron a pesar de no oponer resistencia. Con empujones y golpes de por medio, desarmaron sus ranchos; algunos sufrieron heridas como el cacique Raúl Ceballos, quien se golpeó la cabeza con una viga, mientras la policía amenazaba con detenerlo. Un joven que se acercó al comisario para pedir que le muestren la orden de desalojo fue detenido.

En meses previos ya se había desalojado una parte de esas tierras. Las familias guaraníes continuaron con la esperanza de obtener la compra de la tierra en cuotas para la comunidad, algo muy difícil de concretar, ya que son todos de muy escasos recursos. El Estado, por su parte, en lugar de expropiar para resolver el problema habitacional, que responde al requerimiento de los supuestos dueños.

Miles de familias de comunidades originarias del departamento Orán han sido desplazados de sus tierras por el avance de la frontera agropecuaria. Al no tener el recurso del monte, se ven obligados a asentarse en los pueblos.

En el caso de Colonia Santa Rosa, el ingenio Tabacal ahoga cualquier tipo de desarrollo urbano: el pueblo está prácticamente rodeado de cañas de azúcar.

Las pocas tierras disponibles están ociosas, especulándose con que aumente su valor. Algunas expropiaciones que hace el Estado terminan cayendo porque nunca se concreta el pago; es lo que pasa con muchos barrios de la ciudad de Orán, donde se aprobó en la Legislatura hasta tres veces la expropiación de un mismo barrio. Las familias desesperadas ante la falta de solución siguen acudiendo a la toma como única salida.

Las comunidades originarias se llevan la peor parte: nunca ingresan a los planes de loteos, ni mucho menos a viviendas, porque se inscribe solo a aquellos que pueden pagarlas. Así, son condenados a seguir en parajes alejados aunque no tengan siquiera acceso al agua.

Repudiamos la represión del gobernador Gustavo Sáenz al pueblo guaraní y exigimos la inmediata expropiación de toda tierra ociosa para ser entregada a todas las familias.

¡Basta de desalojos! ¡Fuera el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro!