La comisión de legislación penal del Congreso Nacional continúa discutiendo los proyectos de ley que amplían dentro del marco del derecho penal la figura del arrepentido y agentes encubiertos.

En la última reunión, Cambiemos pretendió introducir la posibilidad de que los genocidas accedan al beneficio de “canjear” información por impunidad. A través de la figura del arrepentido, a criterio del juez de turno, los represores podrían obtener rebajas de sus condenas e incluso, su eximición. Un camino directo hacia la impunidad.

Tras conocerse el repudio de los organismos de derechos humanos, la presidenta de la comisión, María Gabriela Burgos (UCR), se comprometió a retirar su inclusión de la versión final del dictamen. De todos modos, no debemos bajar la guardia.

La ampliación de la figura del arrepentido a los crímenes de la dictadura habría sido resultado de un compromiso entre Claudia Rucci -compañera de fórmula de De la Sota en las últimas elecciones- y Patricia Bullrich. Pero también buena parte de la centroizquierda cooptada por el macrismo -como Graciela Fernández Meijide- que propugna la tesis del “derecho a la verdad” para introducir la “reconciliación” de las víctimas con el Estado y las Fuerzas Armadas responsables del genocidio.

La inspiración de este proyecto proviene del modelo sudafricano de la “Comisión para la Verdad y la Reconciliación”, que establecía que los autores del apartheid podían negociar con sus propias víctimas confesiones a cambio de perdón. Esto se llevó a cabo bajo una gran presión sobre las víctimas de los principales partidos políticos sudafricanos, el imperialismo y la Iglesia, que acuñó la consigna “sin perdón no hay futuro”.

El gobierno nacional que -como sus antecesores-, se niega a abrir los archivos de la dictadura, pretende meter por la ventana ahora una figura que beneficia a los genocidas. Esto se inscribe en la línea de las expresiones de Darío Lopérfido y Jorge Lanata sobre la cifra de desaparecidos y de las reuniones que mantuvieron los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con Cecilia Pando y las agrupaciones defensores de genocidas.

Rechazamos cualquier intento de reconciliación e intento de negociar “información por impunidad” con los genocidas.

Apertura de los archivos. Cárcel común y efectiva para los asesinos de la dictadura.