Cannabis medicinal: negociados para multinacionales, cárcel para cultivadores


En su edición del jueves 9 de noviembre, El Cronista informa que “la canadiense Aphria, una de las mayores productoras de cannabis medicinal del mundo, prepara su desembarco en la Argentina. En momentos en que el gobierno de Mauricio Macri busca inversores, la compañía presentó un plan al Ministerio de Salud que propone para una primera etapa la importación de sus aceites medicinales por dos años mientras que en un segundo tramo proyecta una inversión millonaria para instalar una planta en Mendoza que sirva para abastecer la región.”


 


El panorama que se avecina entonces es el desembarco de las naves cannábicas canadienses. Estas recomiendan al gobierno “mantener el control absoluto sobre la comercialización de los productos”. Dicho sin eufemismos, esto significa que la multinacional canadiense solicita al Ministerio de Seguridad perseguir aún más a todo ciudadano y organización que quiera ejercer su derecho a cultivar libremente y elegir la forma de tratamiento que prefiera. 


 


Los dichos esconden además una doble mentira. Por un lado, generaliza la relación mercantil como la única que puede regir la circulación de semillas, esquejes, flores, aceites y demás derivados, cuando la realidad muestra que diariamente se sostiene el intercambio solidario de conocimiento y asistencia para facilitar el acceso a miles de personas con enfermedades dolorosas y complejas. Por el otro, reduce las vías de administración del cannabis/marihuana al aceite, cuando en realidad una importante cantidad de síntomas y patologías se tratan mediante la vaporización de la flor directamente. Los funcionarios interesados pueden estudiar en profundidad el tema leyendo varios de los 10.000 papers validados por la comunidad científica.


 


Al parecer el CEO de la compañía, Vic Neufeld, viajó a la Argentina para explicar en persona el proyecto, a partir del interés generado por la sanción de la Ley 27.350. Lo que no revela la nota es que el decreto de reglamentación 738/2017 restringe el derecho de acceder al cannabis únicamente a personas con epilepsia refractaria. Por lo tanto, denunciamos que la implementación actual del Programa de Cannabis discrimina a la mayor parte de la población que requiere acceder al cannabis para mejorar su calidad de vida.


 


Neufeld finaliza con un comentario al estilo Revista Barcelona: “vamos a sugerir al Gobierno que solo considere el aceite. Si usted es un abusador social de cannabis piensa que el médico se lo va a dar. El aceite que importaremos huele y se usa igual pero no tiene THC que es el que causa la alucinación, solo contiene CBD que no es psicoactivo”. Como bien sabe la multinacional Aphria y su séquito de científicos mercenarios, efecto psicoactivo no equivale a alucinaciones. Esta particular manifestación de la psicoactividad se presenta estadísticamente en un número ínfimo de los consumidores de marihuana, aquellos que presentaban patologías psiquiátricas de base o que se iniciaron en el consumo antes de la edad recomendada.


 


La estigmatizadora hipótesis del canadiense está en absoluta connivencia con la orientación del Ministerio de Salud. El nuevo ministro Rubenstein impulsa por estos días un proyecto de reglamentación de la Ley de Salud Mental N°26.657 que estaría permitiendo tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas sin requerimiento de inminencia del daño para sí o para terceros, reinstalando el concepto de peligrosidad ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales. Denunciamos también esta escalada represiva en las políticas destinadas a las personas con consumos problemáticos, ya que se fundan en un vetusto paradigma abstencionista y desconocen Derechos Humanos básicos del sujeto intervenido.


 


El gobernador mendocino Cornejo –el mismo que avaló el intento de imputación y desafuero contra los legisladores provinciales del FIT por haber participado de las movilizaciones durante el paro del 6 de abril– estaría inaugurando la temporada de negociados cannábicos con la participación del oficialismo y de la oposición burguesa cómplice de la implementación restrictiva de la Ley 27.350. Denunciamos además la exclusión del Consejo Consultivo Honorario creado por la norma, de cultivadores, usuarios y profesionales de la salud nucleados en las organizaciones de todo el país que forman parte del Frente de Organizaciones Cannabicas Argentinas (F.O.C.A.). Seguiremos, por el contrario, defendiendo el autocultivo, el cultivo colectivo y solidario y la inclusión de todos los derivados cannábicos en el PMO para todas las patologías que lo requieran.


 


En estos momentos se hace imprescindible apoyar masivamente la Marcha Nacional de la Marihuana del próximo 7 de diciembre y denunciar activamente la situación de compañeros cultivadores que continúan detenidos por la injusta aplicación de la Ley 23.737.