Carlos Ruckauf, jefe del espionaje político

El miércoles 16 pasado, luego de haber participado en la marcha de los jubilados, fuimos detenidos siete compa­ñeros del Partido Obrero en un operativo que reúne todas las características de la “premeditación y la alevosía «. La marcha a las oficinas del PAMI, ya había concluido y los manifestantes se desconcentraban ordenadamente. A tres cuadras del lugar, elementos de civil que exhibieron cre­denciales de la Policía Federal pretendieron separar a algunos compañeros del partido que portaban (ya enrolla­das) banderas y carteles de apoyo a los jubilados. El jefe del operativo vaciló cuando me identifiqué como responsable de la delegación, señalé mi condición de candidato para las elecciones de convencionales constituyentes y exigí expli­caciones para tal atropello. Realizó, entonces, una consulta por radio con sus superiores y dejó en claro lo siguiente: admitía que la detención no estaba “justificada» por nin­guna conducta «contravencional», ni por la comisión de “desórdenes», pero que, de todos modos, le “ordenaban» conducimos a la comisaría para “Identificarnos». En la comisaría, durante varias horas los compañeros tuvieron que someterse al trámite que se realiza con todo detenido (entrega de sus pertenencias, pasaje al calabozo, impre­sión de sus huellas dactilares) aunque a cada paso se aclaraba que se trataban de «formalidades”.


Ese mismo miércoles, Ruckauf había desmentido aira­damente las imputaciones sobre nuevas órdenes de perse­cución ideológica emanadas de su cartera. Pero el ataque a nuestros compañeros es más grave que la persecución ideológica: existe una tarea de inteligencia y seguimiento, y se trabaja con elementos de civil y móviles sin identifica­ción policial. Ruckauf, que fuera ministro del gobierno de Isabel Perón cuando reinaban las tres A, debiera declarar si sigue en vigencia la orden emitida por sus antecesores en el cargo —Mera Figueroa y Sánchez Toranzo— de infiltrar al Partido Obrero y otras organizaciones de izquierda. Fuimos sometidos, en consecuencia, a una “privación ilegítima de la libertad», que confirma el señalamiento efectuado pocas horas antes en la propia marcha de los jubilados. Fue cuando planteamos que el fallo del juez Mahdjoubián, que desprocesa a los desfalcadores del PAMI, desnudaba la hipocresía del Pacto Menem-Alfonsín, el cual alegando una intención de recomponer la “seguri­dad jurídica «convalida u n régimen de fuerza y de espiona­je contra la ciudadanía.

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