Carrasco II: Sigue el encubrimiento

La prensa que sigue la marcha diaria de la instrucción judicial por el encubrimiento del asesinato de Omar Carrasco, coincide en señalar que con la designación de un nuevo juez —Bruno Bonetti, hasta hace poco asesor del sindicato minero— la causa habría ganado “un ritmo que jamás tuvo”, algo que “fue la sorpresa y la preocupación de muchos” (La Nación, 6/7).


¿Habrá llegado, por fin, la hora del verdadero juicio y castigo para los asesinos de Carrasco y para sus encubridores? Desgraciadamente no; la instrucción que se sustancia en Zapala es, apenas, una ‘puesta en escena’.


En primer lugar, porque ninguno de los procesados —hasta ahora tres, dos tenientes coroneles y un mayor— irá a la cárcel … aun cuando sea encontrado culpable. Sucede que el delito del que se los acusa —encubrimiento— tiene una pena inferior a los tres años de cárcel y, por lo tanto, el cumplimiento de una eventual condena quedaría “en suspenso”. Se pasa así por alto que el encubrimiento del crimen de Carrasco no fue una simple “decisión individual” de los procesados; al contrario, ese encubrimiento sólo fue posible por la existencia de una auténtica “asociación ilícita” entre los oficiales del cuartel de Zapala, el alto mando en Buenos Aires y la justicia provincial. Esta “asociación ilícita” no está siendo investigada en los tribunales zapalinos.


En segundo lugar, la instrucción es una ‘puesta en escena’,  porque el principal responsable del encubrimiento —el alto mando en su conjunto, y su jefe Balza, en particular— ni siquiera figura en la lista de imputados. La participación directa del alto mando está certificada por el papel decisivo que jugó la Inteligencia Militar en el encubrimiento: desde que se anunció la ‘deserción’ de Carrasco, la Inteligencia Militar se convirtió en el verdadero ‘mando’ del cuartel: fue la encargada de montar el ‘escenario’ donde el cadáver de Carrasco fue “tirado para que lo encuentren” (La Nación, 7/7); ocultó y destruyó pruebas (en complicidad con el juez de instrucción y su fiscal); realizó interrogatorios ‘paralelos’; armó coartadas y hasta preparó cuidadosamente las declaraciones de los militares llamados a declarar en el juicio que condenó a Canevaro, Suárez y Salazar. Como se sabe, la ‘todopoderosa’ Inteligencia Militar depende del alto mando y actúa bajo sus órdenes directas.


Tenemos, en resumen, un juicio a los ‘perejiles’, con el agravante —o el atenuante, según se mire— de que ninguno de esos ‘perejiles’  va a ir preso.


La función política del juicio


El alto mando y el gobierno necesitan, desesperadamente, ‘cerrar’ en forma definitiva el ‘caso Carrasco’. O lo que es lo mismo, acabar con la agitación y la conciencia antimilitarista que se hizo carne entre los jóvenes que se movilizaron sostenidamente por el juicio y el castigo a los culpables del asesinato y que, con la movilización, lograron evitar que el ‘caso’ fuera ‘archivado’ como el de tantos otros colimbas muertos ‘accidentalmente’ en los cuarteles.


Pero ‘querer’ no es ‘poder’. Sucede que en esa conciencia juvenil es muy claro que el asesinato de Carrasco y el intento sistemático y deliberado por ocultar el crimen, primero, y cuando esto fue imposible, por ocultar la cadena de responsabilidades del asesinato, después, no es la obra de un insignificante subteniente y de dos todavía más insignificantes soldados.


El alto mando está, entonces, obligado por la presión de esta movilización juvenil y popular —y para ‘salvar’ su propia participación en el crimen— a encontrar otros ‘responsables’ más allá de Canevaro, Suárez y Salazar. Esta es la función política del juicio que se sustancia en Zapala: proveer de los ‘responsables’ necesarios para que el alto mando y el gobierno puedan, por fin, ‘cerrar’ el ‘caso Carrasco’.


Exactamente ésta es la línea ‘oficial’. Un editorial de un matutino que puede ser acusado de muchas cosas, excepto de ‘antimilitarista’ —La Nación, 6/7—  celebra “los progresos registrados en la investigación judicial para determinar la existencia de probables encubridores”. Es que para el diario de los Mitre, “el pleno esclarecimiento de ese episodio aberrante significará un importante avance hacia la recomposición de la buena imagen del Ejército”. En otras palabras, el ‘caso Carrasco’ ha dejado de ser un ‘caso policial’ para convertirse, movilización juvenil mediante, en una soberana crisis política para el Ejército, “que todavía está tratando de recuperarse” del derrumbe de la dictadura militar y de la traición de Malvinas. No es la suerte de algunos oficiales, sino el de la institución militar en su conjunto, lo que está en juego en el ‘caso Carrasco’.


Esto explica que el gorila La Nación no tenga empacho en ‘aconsejar’ al alto mando una ‘fórmula’  típicamente peronista: “primero la patria, después el movimiento y, finalmente, los hombres”. Así, el editorialista reclama que “es menester que los hombres del Ejército sepan aguantar los malos tragos provocados por episodios de esta clase … y sepan hacerlo en la confianza de que el descubrimiento de la verdad constituirá, en definitiva, un bien para la fuerza”. Incluso cuando esos ‘malos tragos’  alcancen “a otros oficiales de rango aún más alto” que los actualmente indagados. De lo que se trata, para este inveterado defensor de las fuerzas armadas, es de ‘cerrar’ cuanto antes el ‘caso Carrasco’, para lo cual se necesitan los ‘perejiles’ adecuados que carguen con la ‘responsabilidad’ del encubrimiento, para ‘fortalecer’ al Ejército, es decir, para consolidar la cadena de mandos responsable del crimen.


¿Esto significa que se sabrá toda la verdad? Ciertamente no. El propio editorialista de La Nación, que se felicita del avance de la investigación, muestra la hilacha cuando dice que los “hombres del Ejército” deben saber aguantar los ‘malos tragos’. ¡Pero estos ‘malos tragos’  no son otra cosa que el enjuiciamiento y la eventual condena “en suspenso”! Entrelíneas, lo que aconseja el editorialista de La Nación  es que “el descubrimiento de la verdad y su exposición a la opinión pública” sea el mínimo estrictamente necesario para ‘cerrar’  el caso … y ni una palabra más. Estamos en presencia, pues, de un operativo político-judicial complejo y peligroso: encontrar algunos ‘encubridores’  mientras se encubre a los más altos escalones de la “asociación ilícita” que ocultó el asesinato y, al mismo tiempo, se fortalece la institución armada de los explotadores contra los reclamos de los jóvenes de justicia para los asesinos.


Como cuando decían que Carrasco se había ‘fugado’ del cuartel, sólo la movilización juvenil y popular podrá hacer saltar esta olla podrida y reaccionaria y mandar a la cárcel a todos los responsables, del primero al último.