El Tribunal Oral y Criminal N° 21 concedió los recursos de la defensas para que la Cámara de Casación revise las condenas de Pedraza y del resto de los autores del crimen de Mariano.

El TOC 21 rechazó, en cambio, nuestra pretensión de acusar por tentativa de homicidio agravado a José Pedraza, Juan Carlos Fernández, Pablo Díaz, Cristian Favale y Gabriel Sánchez. Su argumento es que las penas de 18 a 15 años de prisión que recibieron representan más de la mitad de la pena que nos permite solicitar el Código Penal por las heridas de Elsa y Nelson (25 años). El TOC 21 dictaminó que "el disenso en la calificación no salda el impedimento procesal por el monto de la pena". Recordemos que en la interpretación de los jueces, el homicidio consumado y los cometidos en grado de tentativa no fueron premeditados, los calificaron como "simples". Para el TOC 21, lo que los acusados premeditaron fue aleccionar a los tercerizados utilizando armas de fuego y, si bien el homicidio de Mariano y las heridas graves que sufrieron los compañeros eran una posibilidad que los autores podían representarse, no eran su intención. Según dijeron, porque "a Pedraza no le convenía un muerto", ya que terminó encarcelado. Esta falacia contradice los argumentos del propio tribunal, que le dio por probadas las maniobras de Pedraza para garantizar su propia impunidad. Y la hubiera logrado, de no haber mediado una extraordinaria movilización popular. En el veredicto, dieron por probados sus intentos de coimear a los jueces que debían resolver la excarcelación de los primeros detenidos y sus esfuerzos por mantener callado a Favale. Los jueces nos concedieron la apelación sobre la calificación del resto de los acusados -pero no para los cinco principales autores del crimen- y por las absoluciones de Uño, Pérez y el subcomisario Garay.

De este modo, avanza el desmembramiento jurídico del plan criminal que encabezó Pedraza. Esta resolución del TOC 21 quiebra la unidad de nuestro recurso. En los fundamentos de su sentencia, dejaron abierta una puerta para que Casación, en un extremo de cretinismo garantista, considere que el dolo de Pedraza y Fernández sea menor incluso del admitido en la sentencia, ya que de ordenar el aleccionamiento con armas sin importarle las consecuencias pero no desear un muerto, a no prever un muerto, hay sólo un paso. Esto conduciría a una reducción de las penas de los jefes de la UF, e incluso a absoluciones. Por lo pronto, si Pedraza y Fernández logran atenuar su condena, estarían a las puertas de ser liberados al terminar el trámite del recurso.

Funcionarios y empresarios, fuera

Los jueces del TOC 21 también rechazaron nuestro pedido de imputar a los funcionarios y empresarios con los que Pedraza compartía fuertes negocios y que están involucrados en la agresión criminal. Ofrecen, en cambio, que solicitemos copias certificadas de pruebas y testimonios reunidos durante el juicio y abramos nuevas causas, partiendo prácticamente desde cero. Mientras tanto, la causa iniciada a partir de la investigación del crimen de Mariano sobre las relaciones comerciales ilícitas que mantenían Ugofe y la cooperativa que explotaba Pedraza, Unión del Mercosur, al amparo de la Secretaría de Transporte, está paralizada desde hace tres años en los cajones del juez Lijo.

El TOC 21 sí habilitó los recursos de la fiscalía y del CELS, que pidieron prisión perpetua para Pedraza, Fernández, Díaz, Favale y Sánchez. Pero la fiscalía había solicitado la absolución de dos patoteros -desestimando un testimonio clave- y la condena de los policías por abandono de persona, no por su participación necesaria en el crimen. En su alegato, la fiscal -secundada por los dos comisarios políticos que nombró la procuradora Gils Carbó- subestimó las motivaciones e intereses que derivaron en el ataque criminal y que vinculan a Pedraza, los concesionarios y el poder político. Por su parte, el CELS había deslindado la actuación policial de la responsabilidad política de Aníbal Fernández.

La sala III de la Cámara de Casación, que actualmente integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Liliana Catucci, y que deberá resolver sobre las cuestiones de fondo, semanas atrás condenó por segunda vez a Fernando Carrera (ver Rati Horror Show). El cuadro se completa con el estado del resto las causas conexas a la del asesinato de Mariano. En forma paralela al pronunciamiento del TOC 21, el Tribunal Oral y Criminal N° 19 difundió los fundamentos de la sentencia del perito Roberto Lócles, condenado a un año de prisión en suspenso y tres de inhabilitación por alterar el proyectil que mató a nuestro compañero. En su fallo, los jueces expresamente desestimaron que el sabotaje de Lócles formara parte de la estrategia de defensa de Pedraza en la causa del asesinato de Mariano. Sostienen que esa es una especulación de los acusadores, a pesar de que sus honorarios los pagaba la Unión Ferroviaria y de muchas otras pruebas. Para el TOC 19, no importan las razones que expliquen la conducta del "perito" y desvinculan a Pedraza.

Operativo de impunidad

Por último, también muy recientemente, el Juzgado de Instrucción N° 11 -que sigue la "causa de las coimas"- dictó el cierre de la investigación para su elevación a juicio oral. Allí están imputados Pedraza y otras personas, acusados de querer comprar mediante sobornos la excarcelación de los primeros patoteros detenidos. Los camaristas hacia quienes estaban dirigidas las coimas quedaron fuera de los procesamientos dictados por el primer juez de la causa, Luis Rodríguez, quien invocó "su íntima convicción" de que éstos desconocían el complot, a pesar de que las escuchas judiciales y entrecruzamientos de llamados no dejan margen de dudas. Esto le viene como anillo al dedo a la estrategia de la defensa de Pedraza, que sostiene que éste estaba siendo estafado por el lobbista y agente de la Side José Riquelme, encargado del enlace con los jueces corruptos. Luego de dictar la falta de mérito a los camaristas implicados, el juez Rodríguez fue ascendido por el kirchnerismo a un juzgado del fuero penal.

De este panorama, resultan evidentes las maniobras dirigidas a la impunidad de Pedraza y el trabajo quirúrgico en curso para reducir al mínimo los alcances derivados del asesinato de Mariano. El marco son la declinación del gobierno K y sus esfuerzos por conservar apoyos de la burocracia sindical y de los principales grupos capitalistas.

A tres años del crimen de Mariano, Ugofe continúa operando el sistema ferroviario y la burocracia de la Unión Ferroviaria, siendo aliada al gobierno.

Y los tercerizados, cortando las vías y reclamando su pase a planta permanente. Esta lucha sigue.