Caso Rafael Nahuel: se cae la teoría del enfrentamiento

El día miércoles 13 se desarrolló en la Cámara Federal de Apelaciones de la localidad de General Roca (Fiske Menuco) la audiencia pública donde se pudieron conocer detalles del asesinato de Rafael Nahuel a manos de los albatros, el grupo de tareas especiales de Prefectura Nacional. Nahuel fue fusilado durante la incursión de las fuerzas represivas en un territorio recuperado por la comunidad mapuche en Villa Mascardi, pocas semanas después de la desaparición de Santiago Maldonado.


La defensa de los albatros planteó la teoría del enfrentamiento con los mapuches, en sintonía con la única teoría de investigación que siguió el Juez Federal de Bariloche, Leónidas Moldes y sostuvo que los albatros respondieron a un supuesto ataque perpetrado por los integrantes de la comunidad, por lo que debía declararse la absolución de los efectivos, argumentando además que habrían actuado siguiendo una orden judicial y en cumplimiento de su deber.


Los albatros se encuentran procesados por la justicia bajo la figura de “homicidio en exceso de la legítima defensa” pero libres, sin prisión preventiva, mientras que Fausto Jones Huala y Lautaro González, testigos presenciales del asesinato, quienes fueron los que bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta, abandonado por los albatros, también están imputados, en una clara criminalización de las víctimas. En las últimas horas, Fausto Jones Huala se entregó y quedó libre por no existir en su contra las pruebas que presentan la defensa y el Ministerio de Seguridad, o sea, el propio gobierno nacional.


La querella se opuso al argumento presentado por la defensa de los albatros y denunció la intromisión directa desde el minuto cero del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Desechó de plano la teoría del enfrentamiento y manifestó que se sabe de qué arma salió el disparo que mató a Rafael, e incluso quién disparó. Apuntó directamente contra los responsables políticos de lo ocurrido aquel noviembre de 2017, el Ministerio de Seguridad y el gobierno.


La exposición de la abogada de la familia Nahuel, Natalia Araya, fue contundente al momento de valorar lo sucedido en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu. “La teoría del enfrentamiento en la que se basan es la teoría implantada por el ministerio de Seguridad y por miembros de Prefectura. Quienes participamos de la inspección ocular nos dimos cuenta de la imposibilidad de plantar u ocultar pruebas en ese lugar. Todos los rastros probatorios que se recogieron, fueron vainas de proyectiles de las armas de Prefectura, 9 milímetros y (subfusiles) MP5. No existe ningún rastro material, ninguna prueba en el expediente ni ninguna testimonial que avale la teoría del enfrentamiento, más que los dichos de los prefectos”.


La querella planteó, por tanto, que debe sacarse de la misma causa a Fausto y Lautaro, porque ellos son los testigos presenciales de lo ocurrido y en vez de protegérselos como testigos se los criminaliza. Además, estos hechos muestran que es un dislate la carátula como “exceso de legítima defensa”, toda vez que no hubo ninguna clase de enfrentamiento sino una balacera criminal de 314 disparos por parte de las fuerzas represivas.


Hoy la causa sólo cuenta con los testimonios de los albatros. La cámara de apelaciones deberá decidir si acepta el pedido de ir a juicio iniciado por Moldes.


El asesinato de Rafael Nahuel se inscribe en una política represiva al servicio de la entrega de la Patagonia a los grandes terratenientes y grupos empresarios. El gobierno ha militarizado la zona andina en defensa de los intereses de los Benetton y los Lewis y ha iniciado una criminalización de todos los sectores que se organizan y reclaman por sus derechos.


Justicia por Rafael Nahuel. Basta de criminalizar a los que luchan. Basta de represión. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen.

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