La Cámara de Casación acaba de dictar un gravísimo fallo contra Fausto Jones Huala y Lautaro González, dos miembros de la comunidad mapuche que el 24 de noviembre fueron atacados por Prefectura en una represión en la que fue asesinado Rafael Nahuel. El fallo, que revoca la excarcelación de ambos, les imputa el delito de “atentado al orden constitucional y a la vida democrática”. A los mapuches aún les queda la posibilidad de apelar a la Corte Suprema.

El voto mayoritario del tribunal –el juez Mahiques votó en disidencia- fue redactado por Eduardo Riggi, presidente de la cámara, nombrado juez por Videla y ascendido a Casación por Menem. Vinculado al Opus Dei, su nombre trascendió por las escuchas del caso Mariano Ferreyra, donde era mencionado como “el amigo Eduardo” por los interlocutores de José Pedraza durante la tentativa de soborno para liberar a sus patoteros. De aquella causa lo sobreseyó Norberto Oyarbide pocos días antes de jubilarse. Actualmente es servil al gobierno de Macri.

Por otra parte, la Justicia de primera instancia, en lugar de avanzar sobre los prefectos que dispararon armas de fuego contra los mapuches en Villa Mascardi, se lanza a una caza de las víctimas. Lo mismo ocurre en el caso Maldonado: el juez Guido Otranto, apartado de la causa por la desaparición de Santiago debido a su parcialidad, ordenó ahora el procesamiento del testigo mapuche Matías Santana, al que acusa de haber participado del corte del 1 de agosto, previo a la incursión criminal de Gendarmería en Lof-Cushamen. En cambio, los responsables de aquel operativo fueron favorecidos. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, no fue investigado y el gendarme Emmanuel Echazú fue ascendido.

Este mundo del revés encuentra su explicación en la orientación del gobierno de Macri y Patricia Bullrich, que desde el primer día de los hechos dieron un respaldo incondicional a las fuerzas represivas. La justicia sigue el libreto. Lo que está de fondo es garantizar la entrega de la Patagonia a los grupos empresarios como Benetton.

El fallo contra Jones Huala y González se inscribe en la línea de convertir jurídica y simbólicamente al reclamo de las comunidades mapuche en una acción de grupos terroristas. Se trata de una orientación impulsada por el Ministerio de Seguridad, que presentó desde un principio a la lucha por la tierra como “amenazas del grupo RAM”. Ahora, se adjudican estas acciones a un grupo llamado MAP, que actuaría con violencia. Se trata, en realidad, de una criminalización de la protesta social.

El fallo es un peligroso precedente contra cualquier reclamo organizado contra el Estado. Llega en el momento en que el gobierno más lo necesita: cuando se dispone a hacer un acuerdo con el FMI que exigirá un gran ataque contra las masas.