El lunes 8 de agosto comenzará en la ciudad capital de Catamarca el juicio a los pocos policías que siguen imputados por el crimen.

Pasaron diez años y cinco meses del asesinato de Diego Ivan Pachao en manos de la policía provincial, luego de una brutal golpiza y tortura sufrida por el joven en la Comisaría 7ma de la capital catamarqueña.

Son prácticas policiales que aún persisten en los barrios populares de la ciudad y del interior provincial, arrestaba por averiguación de actividades a Diego, a metros de su casa. Privado de la libertad, luego de ser golpeado por los policías de la guardia, burlado y torturado, quedó con muerte cerebral, que desencadenó su muerte en el hospital San Juan Bautista, así termina la vida de este joven hijo de una familia trabajadora. Paradójicamente, comenzaba el desandar los laberínticos caminos de la justicia, que como parte de este Estado, intervino de manera cómplice para encubrir este crimen que ponía en el tapete el actuar descaradamente criminal  del aparato represivo, llamado a proteger a los gobiernos de turno.

Policía y fiscalía acordaron en armar la hipótesis del homicidio preterintensional, inculpando a dos jóvenes de las lesiones que terminaron con la vida de Diego. Así las cosas, las pruebas fueron desapareciendo con ese norte. Para citar un ejemplo: dejaron pudrir parte del cerebro, que a la hora de ser examinado con el objeto de determinar el tiempo de los golpes, resulto inútil, con el claro beneficio a los policías imputados.

La causa cayo en la maraña legal, de todo tipo de dilaciones, con el propósito de que el tiempo tape a los responsables materiales de este crimen, es así que los imputados llegan al banquillo de los acusados, no como responsables de la muerte de Diego, sino acusados de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

No debe escapar la calaña de los imputados, pero tampoco el apaño que recibieron por parte de los gobiernos de turnos, que en todo momento protegieron a la policía, para evitar que sean llevados al banquillo de los acusados, tenemos que denunciar esta responsabilidad política, pues es la misma institución que sigue persiguiendo a nuestros jóvenes en la barriada, pero que mira para otro lado cuando se trata de narcotráfico, o que persigue a los pobladores que se paran frente a la minería que contamina.

A más de 10 años de este crimen, seguimos reclamando juicio y castigo a todos los autores materiales de la muerte de Diego Pachao y a los responsables políticos del encubrimiento.