Después de más de cuatro años, se elevó a juicio el caso de Diego Pachao, el crimen más resonante ocurrido en los últimos años en la provincia, debido a que las pruebas que vinculan la muerte del joven a los apremios que sufrió en la comisaría 7° son irrefutables.

A pesar de ello, la justicia local ha imputado por el crimen a dos jóvenes perejiles (homicidio preterintencional), mientras que los nueve policías involucrados en la golpiza y torturas, sólo fueron imputados por vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La justicia no hizo lugar al pedido de la familia de que los policías sean imputados por homicidio y tortura.

El caso Pachao es un caso emblemático de los sistemáticos atropellos que impunemente comete el aparato represivo, en especial las comisarías de las barriadas periféricas de la capital. El caso Pachao desnudó la suerte de los jóvenes pobres: bajo el justificativo de alguna contravención, no hablemos ya de algún delito, son llevados a esas comisarías donde los apremios ilegales son una práctica constante, apañada por el poder político.

 De hecho, en Catamarca existe una suerte de régimen de excepción, donde las fuerzas represivas tienen total impunidad para pasar por encima de los derechos y garantías constitucionales.

Es necesaria la anulación de la figura del merodeo que consagra el código de faltas, como así también la anulación de la facultad que tiene la policía de arrestar por averiguación de actividades y medios de vida al margen del juez natural.

Está planteado redoblar la lucha para lograr el juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos por la muerte de Diego Pachao.