En la causa que se tramita por el intento de coimas efectuado por Pedraza, con la participación -entre otros- del ex juez federal Aráoz de La Madrid y el agente de la Side Juan José Riquelme, fue llamado a declarar como testigo Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra.

El motivo de su declaración fue porque Riquelme, en las escuchas que figuran en el expediente, le dice a un juez que "no se preocupe por el plan de viviendas para su hijo, que él iba a hablar personalmente con Gerardo para conseguirlo". Posteriormente, se registraron conversaciones de Riquelme con la secretaria de Martínez.

En esas mismas escuchas, Riquelme señala que "si no fuera por las extras que recibe de los sindicatos, no podría vivir con su sueldo". Daba a entender que los servicios que en ese momento le brindaba a los dirigentes de la Unión Ferroviaria, contactándolos con los jueces de la Cámara del Crimen, los realizaba habitualmente para otros sindicatos.

Gerardo Martínez (ex agente del Batallón 601) admitió conocer a Riquelme, aunque afirmó no tener un trato fluido con él. Pero, llamativamente, dijo que lo tenía como un hombre ligado a la Pastoral Social, ya que asistía a las reuniones institucionales de la Uocra, a las que acompañaba al obispo castrense Antonio Baseoto (un derechista defensor de la "guerra sucia" videliana), y no como un operador del Poder Judicial. Martínez también aludió a la inauguración de un plan de viviendas que la Uocra emprendió junto a Camioneros y el Banco Ciudad, a cuya inauguración asistió la Presidenta.

Ante la pregunta del fiscal respecto de la frecuencia de sus entrevistas con los jueces de la Cámara de Casación Penal, Gerardo Martínez contestó que "continuamente me estoy reuniendo con embajadores, jueces y personalidades de distintos sectores, mi tarea es multifacética y los contactos son permanentes".

Con esta afirmación, dio por finalizado su testimonio. Nada quedó claro, sólo que Gerardo Martínez es un hombre de "contactos", desde la Presidenta de la Nación, la Iglesia y los jueces que le han garantizado su impunidad, como ocurrió con el intento de archivar la causa que investiga su participación como agente de inteligencia del Batallón 601. La causa de las coimas es colateral a la que se sigue por el crimen de Mariano Ferreyra, pero revela el mismo entrelazamiento entre el aparato estatal, sus servicios, la clase capitalista y la burocracia sindical.