Fueron absueltos Ivana Huenelaf, Javier Huenchupan, “Rojita” González y Gustavo Jaime, detenidos por haberse solidarizado con la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen luego de la brutal represión sufrida el 10 y 11 de enero del 2017, a manos de Gendarmería. Jorge Buchile, el quinto detenido recibió diez meses de prisión en suspenso “por no obedecer orden de alto policial”.

Se trató de una causa trucha de principio a fin. Los “cinco solidarios” habían acudido a Cushamen en apoyo a los mapuche, tras una agresión policial que se recuerda como el operativo represivo más violento que habían sufrido hasta entonces, en el cual hubo graves heridos con balas de goma tiradas a muy corta distancia (hay un policía imputado por homicidio agravado en grado de tentativa y abuso de autoridad por las graves heridas cometidas contra dos miembros de la comunidad, quienes sufrieron fracturas de mandíbula y de cráneo).

Los cinco absueltos fueron detenidos, secuestrados y torturados. “Los vamos a hacer desaparecer”, les repetían los uniformados durante las horas en las que los mantuvieron secuestrados. Todo ello, un día después del desalojo del corte de vías (que había sido dentro de la comunidad) y luego la arremetida represiva, en la comunidad y en zonas aledañas. Los acusaron de abigeato, atentado a la autoridad, disparos de arma de fuego, daños y lesiones.

Ese día, los policías se trasladaban en camionetas de la empresa Benetton.

La represión del 10 y 11 de enero fue la primera luego del informe presentado por el Ministerio de Seguridad en 2016, que definía a “la RAM” como un peligro para los intereses petroleros en la zona. Esa decisión política del gobierno nacional fue la que encuadró la segunda detención y extradición de Facundo Jones Huala – lonko de la comunidad Pu Lof. Fue el prolegómeno de la represión del 1 de agosto, en la cual desapareció y murió Santiago Maldonado.

La política de persecución y criminalización del pueblo mapuche en defensa de los intereses de pulpos petroleros y mineros no ceja. Esta semana fueron procesados tres activistas rionegrinos, a pedido de Gendarmería nacional (entre ellos un dirigente de ATE).

Ayer mismo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich acusó a grupos mapuche de preparar atentados contra el G20, preanunciando lo que con seguridad será una respuesta represiva del Estado ante cualquier expresión popular que se movilice contra el FMI, Trump, Bolsonaro, Macri y todos los jefes políticos que se reunirán en Argentina para profundizar políticas de ajuste contra el pueblo.