Celebraciones y silencios cómplices frente a la condena de Arakaki y Ruiz

Un fallo a la medida de la burguesía y el acuerdo con el FMI.

Foto: Andrés Ojo

La condena del juez Javier Ríos contra los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz (a tres años y cuatro meses de cárcel, y a tres años, respectivamente) tiene el propósito de aleccionar a todos los que luchan contra el ajuste. Lo deja en claro el tuit de Patricia Bullrich, la titular del PRO: “ojalá esta condena sea ejemplificadora. Las manifestaciones sin razón solo estancan al país”.

El fallo, que será apelado, está al servicio de una orientación general de ataque a los trabajadores. En esta campaña electoral, hemos visto hasta el cansancio cómo los principales candidatos y referentes políticos alientan una reforma laboral que elimine las indemnizaciones por despido. Y no son solo palabras: en Toyota, con el apoyo decisivo de la burocracia del Smata, se impuso ya una reforma flexibilizadora de la jornada de trabajo que incluye el trabajo obligatorio los sábados.

El silencio frente al fallo del gobierno y el kirchnerismo, que acostumbran hacer críticas sobre el accionar judicial, es indicativo de su responsabilidad en ese rumbo de ajuste.

Arakaki y Ruiz (militantes del Partido Obrero y el PSTU, respectivamente) fueron parte de una movilización de 300 mil personas a la Plaza de los dos Congresos, el 18 de diciembre de 2017, cuando Bullrich era ministra de seguridad. El propósito, lejos de las imputaciones que hace Bullrich, era rechazar una reforma jubilatoria que modificaba el cálculo de los haberes, en perjuicio de los jubilados. El gobierno de Macri montó un descomunal operativo represivo en la plaza y en sus inmediaciones, para hacer pasar la norma. La reforma se aprobó ese día, con el voto del oficialismo y de un sector del PJ.

La reforma que Arakaki y Ruiz enfrentaron en la calle tenía un sentido estratégico para la burguesía, que se la pasa quejándose del “déficit previsional” y promueve una rebaja en la edad de retiro. El ataque fue continuado por el gobierno de Alberto Fernández, que hizo a su vez otra reforma que dejó los haberes por debajo de la inflación. Como fruto de la política de ataque a las jubilaciones, hoy la mínima está en apenas $25.922 (la que cobran la mayoría).

La decisión del juez Ríos es una muestra más del carácter clasista de la justicia. Los empresarios y políticos involucrados en la evasión a través de cuentas off-shore (Panamá y Pandora Papers); en el pacto ruinoso con el FMI que financió la fuga de capitales; en resumidas cuentas, aquellos que han hundido el país en el atraso y en la pobreza, gozan de la más completa impunidad. En cambio, los tribunales se ensañan con dos luchadores, a tal punto que la acusación ha proseguido incluso después de que se retirara de la causa la querella de Brian Escobar, el oficial herido durante la manifestación, dado que se comprobó que los compañeros no eran responsables de esas lesiones. En Arakaki y Ruiz, el juez y el fiscal personifican a los 300 mil que salieron a las calles, y buscan escarmentar a todo movimiento de lucha.

La lucha por la absolución de los compañeros es una lucha por el derecho a la protesta y contra las reformas ajustadoras del capital y sus gobiernos. La campaña sigue.

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