El 24 y 26 de septiembre, en La Plata, terminaron los alegatos del colectivo ¡Justicia Ya!, del que Apel forma parte, en el juicio al centro clandestino de detención La Cacha.

 

En primer lugar, denunciamos el desguace de la causa que estuvo 10 años en instrucción, la impunidad de los genocidas que no están imputados a pesar de las pruebas y compañeros que estuvieron secuestrados en La Cacha pero quedaron fuera de la causa. También hicimos referencia a la impunidad de la pata civil de la dictadura: la Iglesia, el empresariado, los jueces -algunos de los cuales son docentes en la UNLP-, y especialmente los médicos policiales que firmaron los certificados de defunción truchos por supuestos enfrentamientos para después desaparecer los cuerpos. 

 

Nuestro alegato demostró el accionar de las fuerzas represivas, y la coordinación entre las distintas fuerzas para sostener la represión en la región. Presentamos pruebas que incriminaban, además de miembros de la policía bonaerense y federal, a integrantes del Destacamento de Inteligencia 101, del Servicio Penitenciario.

 

 

Puntos de querella

 

Uno de los puntos que destacó nuestra querella tuvo que ver con el tratamiento de los delitos sexuales como delitos específicos, diferenciados de los tormentos en general, como lo solicitamos cuando ampliamos la acusación, lo que fuera rechazada por el tribunal al igual que la ampliación de la acusación por homicidio. Solicitamos el cambio de la acusación por estos delitos y requerimos las penas máximas para todos por el delito de genocidio. Finalmente, solicitamos que se retiren las prisiones domiciliarias de cuatro imputados, así como su jubilación, y que se investigue la responsabilidad del cura Graselli, los médicos policiales y los jueces que rechazaban los habeas corpus.

 

Convocamos a todos a sumarse a la campaña de cara a la sentencia por la cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas y por todos los compañeros.