Un chico de 16 años y otro de 17 aparecieron ahorcados a mediados de noviembre en el Centro de Recepción de La Matanza. Ese instituto, inaugurado 15 días antes por Daniel Scioli, ahora debió clausurarse.

Los cadáveres de los chicos fueron encontrados con siete horas de diferencia, en la noche del sábado 16 al domingo 17 de noviembre. Se cree que uno de ellos se suicidó y el otro, su amigo íntimo, hizo lo propio al enterarse de la noticia. Por lo demás, uno de los adolescentes ya tenía por lo menos dos intentos de suicidio, de modo que habría ahora un evidente abandono de persona por parte de la institución carcelaria, puesto que la víctima no recibía contención psicológica alguna.

No obstante, los responsables políticos y materiales de estas muertes tienen nombre y apellido: Scioli y su subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Cristina Tabolaro. Ellos inauguraron de apuro ese centro de detención ante las presiones por el asesinato del ingeniero Barrenechea (obsérvese cómo, permanentemente, los medios hacen hincapié en el título profesional de la víctima, mientras sus matadores, aparentemente, son de una villa; así, puede mostrarse el caso como si se tratara de los bárbaros al asalto de Roma).

Pues bien: el “centro de recepción” de La Matanza fue puesto en funcionamiento aunque “no tenía enfermeros, médicos, trabajadores sociales, psicólogos ni vehículos o ambulancias para trasladar a las víctimas o para atender este tipo de situaciones en emergencia” (Crítica, 19/11).

Nadie puede alegar ignorancia, porque tales falencias habían sido ampliamente denunciadas por delegados sindicales. Por ejemplo, Daniel Agüero, dirigente de ATE, indicó antes de la apertura de ese campo de concentración que ahí los chicos no tendrían ningún tipo de contención y “ni siquiera hay líneas telefónicas ni asignado un celular oficial” (ídem).